El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha mantenido hermetismo sobre el interrogatorio que mantuvo este viernes con los fiscales que lo investigan, desde fines de mayo, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Las autoridades lo señalan de estar a la cabeza de un grupo que supuestamente cobró sobornos para favorecer a un consorcio en la licitación de una obra pública de más de 62 millones de dólares. Al salir del viejo local principal del Ministerio Público, en el centro de Lima, el mandatario comentó que se sentía satisfecho y que estaba dispuesto a seguir colaborando con al investigación. “Acá estamos para dar la cara y lo haremos siempre. No voy a dar detalles porque (el caso) está en un proceso de investigación”, dijo ante la prensa local, a la que suele evitar.
El interrogatorio, que duró más de tres horas, estuvo a cargo del fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, y el fiscal coordinador del área de enriquecimiento ilícito, Samuel Rojas. Varias horas después del interrogatorio, no se había dado a conocer el contenido de las declaraciones de Castillo, aunque su abogado comentó a una radio que el presidente negó haber cometido algún acto de corrupción. “El presidente dijo que no existe organización criminal a la que él pertenezca”, afirmó Benji Espinoza a la emisora Radioprogramas.
Un despacho fiscal de corrupción de funcionarios y otro de lavado de activos empezaron las investigaciones de este caso el año pasado a raíz de las reuniones de Karelim López —una gestora de intereses ligada al fujimorismo— con Castillo y con el entonces secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco. La empresaria también visitaba al ministro de Transportes de ese momento, Juan Silva, en los días previos a que el Consorcio Puente Tarata III (formado por las empresas H.B, Tapusa y Termirex) ganara dicha licitación para construir una infraestructura millonaria en la región San Martín.
Pacheco, Silva y uno de los sobrinos del presidente involucrado en la trama están prófugos y el Ministerio de Interior ha fijado recompensas para su captura. Por este mismo caso, seis congresistas del partido Acción Popular están igualmente bajo investigación. Cuando la Fiscalía identificó indicios de la adjudicación irregular de la licitación, la empresaria López y otro gestor de intereses, Zamir Villaverde, ofrecieron testimonios para buscar una pena menor. Villaverde señala que entregó un maletín con dinero al entonces ministro Silva como agradecimiento de una de las empresas del consorcio Puente Tarata. En sus términos fueron “cien grandes”, aunque no ha precisado si fueron 100.000 dólares o soles.
El fiscal general había citado a Castillo a declarar el lunes 13, pero el abogado del mandatario pidió postergar la diligencia, argumentando que necesitaba más tiempo para revisar el expediente. Además, el Gobierno decretó feriado para el sector público ese día debido al partido de repesca de la selección peruana para el Mundial de Catar. Benji Espinoza, uno de los tres abogados del presidente, esperaba además la decisión de un juez constitucional a quien ha solicitado anular la investigación al jefe de Estado.
El jueves, el magistrado Juan Carlos Checkley escuchó en una audiencia los argumentos del fiscal supremo Rojas y del abogado Espinoza. Como hasta este viernes no había notificado su decisión, Castillo tuvo que responder el interrogatorio. El domingo último, el jefe de Estado volvió a dar una entrevista en televisión luego de un silencio de cinco meses, y anunció en la televisión estatal que colaboraría con la investigación fiscal en su contra. Sin embargo, el entrevistador no le preguntó por la contradicción entre su afirmación y las acciones del abogado Espinoza, que busca anular la indagación fiscal.
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La Fiscalía señaló, la tarde del viernes, que en la diligencia reservada participaron los tres abogados de Castillo, el personal del área de enriquecimiento ilícito y acusaciones constitucionales del Ministerio Público y la procuradora general, María Caruajulca Quispe, en defensa de los intereses jurídicos del Estado. Caruajulca asumió el cargo en febrero de este año en reemplazo de Daniel Soria, quien denunció a Castillo por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias debido a los indicios de corrupción en el contrato de la construcción del Puente Tarata, revelados por la prensa de Lima.
Esta es la primera vez que un fiscal general investiga a un presidente peruano en funciones: según la Constitución, el mandatario puede ser únicamente acusado durante su mandato por traición a la patria, por impedir las elecciones, o por impedir el funcionamiento del Congreso y los organismos electorales. La interpretación que ha realizado el fiscal Sánchez es que la Carta Magna no impide avanzar la investigación, más aún ante “la seriedad y gravedad de las imputaciones”.
La anterior fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió en enero una investigación fiscal contra Castillo por delitos contra la administración pública, tráfico de influencia agravado y patrocinio ilegal debido a la supuesta interferencia del presidente en el proceso de ascensos militares en 2021, pero la magistrada dejó en suspenso la pesquisa para que continúe cuando el jefe de Estado deje el cargo. Ávalos hizo entonces una interpretación distinta de la Constitución.
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