Cellebrite cortó lazos, Rusia siguió utilizando.

Los recientes hallazgos de un informe han puesto de relieve una inquietante práctica de vigilancias por parte de las autoridades rusas, que lograron acceder al teléfono de un destacado opositor político mientras se encontraba en custodia. Este acceso se llevó a cabo con tecnología desarrollada por la firma de forenses Cellebrite, a pesar de que la empresa había afirmado haber cortado lazos con las agencias de gobierno de Putin. Esta situación suscita serias dudas sobre la capacidad de las empresas tecnológicas occidentales para controlar el uso de sus herramientas una vez que se encuentran en manos de gobiernos.

La historia de Andrey Pivovarov, un político disidente y defensor de los derechos humanos, es un claro ejemplo de esto. Investigadores de The Citizen Lab, un grupo de derechos digitales de la Universidad de Toronto, encontraron pruebas de que una unidad de investigación del gobierno ruso utilizó una herramienta de hacking de Cellebrite para infiltrarse en el iPhone de Pivovarov en junio de 2021. Esto ocurrió tres meses después de que la empresa anunciara su intención de dejar de vender tecnología a los clientes gubernamentales rusos.

A pesar de estos anuncios, la realidad demuestra que recuperar el control sobre tecnologías de vigilancia una vez que han sido vendidas no es sencillo. La proliferación de estas herramientas puede llevar a abusos, que a su vez pueden persistir mucho tiempo después de que la compañía creadora haya intentado desvincularse de sus clientes. Eitay Mack, abogado de derechos humanos en Israel, subraya que simplemente cesar las ventas o revocar una licencia de software no impide que un antiguo cliente abuse de la tecnología adquirida.

Mack también ha señalado una omisión significativa en la política de Cellebrite respecto a la solicitud de desmantelar las herramientas que vendieron a sus clientes, un vacío que no se aborda en sus declaraciones sobre la ruptura de relaciones. Este caso ilustra que, incluso después de que una compañía detiene el soporte a un cliente, existen formas en que se puede seguir utilizando su tecnología de manera indebida.

Desde un perspectiva más técnica, la propiedad de Cellebrite, el dispositivo UFED, debería ser capaz de permitir la desactivación remota de las herramientas en caso de abuso. Investigadores argumentan que la implementación de medidas como marcas digitales en los dispositivos permitiría rastrear cualquier uso indebido de la tecnología, un paso crucial para evitar que se abuse de sus servicios.

A lo largo de los años, se han documentado numerosos casos en los que los clientes de Cellebrite han utilizado su tecnología contra disidentes, activistas de derechos humanos y periodistas en diversas partes del mundo, desde Hong Kong hasta Kenia. En respuesta a estas situaciones, la firma ha cortado lazos con países como Bangladesh, China, y Myanmar.

La situación de Pivovarov es particularmente alarmante: tras ser detenido por las autoridades rusas, su iPhone 12 y su MacBook fueron confiscados. Documentos judiciales confirmaron que el gobierno utilizó Cellebrite UFED para extraer datos de su teléfono, incluido información sensible de aplicaciones de mensajería. Pivovarov, quien fue director del grupo opositor Open Russia, fue condenado a cuatro años de prisión, aunque fue liberado en agosto de 2024 como parte de un intercambio de prisioneros.

En conclusión, el caso de Pivovarov resalta la grave problemática que enfrentan las empresas tecnológicas en relación con la utilización indebida de sus herramientas de vigilancia. A medida que la tecnología de vigilancia continúa evolucionando, es imperativo que las empresas adopten medidas más robustas para mitigar el riesgo de abuso por parte de regímenes autoritarios y asegurar que sus herramientas no sean utilizadas para silenciar voces disidentes.

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