La situación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ha dado un giro significativo en los últimos días. Vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, Duarte permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, popularmente conocido como el Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La jueza federal María Jazmín Ambriz López ha fijado un plazo de seis meses, que culminará el 9 de junio, para la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía General de la República (FGR) y el equipo legal de Duarte recolectarán pruebas para el juicio penal. Según la FGR, se le imputa la transferencia de 96.6 millones de pesos a dos empresas en las que el exgobernador era accionista mayoritario: la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y la Financiera de la División del Norte, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).
De este total, se asegura que al menos 73.9 millones de pesos, lo que representa el 76% del monto, fueron desviados a través de un complejo esquema financiero destinado a ocultar recursos de origen ilícito. La acusación sostiene que estas acciones en el gobierno del estado, bajo su mandato desde 2010 hasta 2016, forman parte de un esquema más amplio de corrupción que ha generado gran rechazo social y político.
La captura de Duarte, quien había permanecido en libertad condicional tras haber sido extraditado desde Estados Unidos en 2022, se concretó el pasado 8 de julio de 2020 en Miami, Florida. Sin embargo, fue el 16 de mayo de 2024 cuando se emitió la orden de captura que finalmente llevó a su arresto en Chihuahua. Además, se ha solicitado a Estados Unidos la autorización para procesarlo por otros delitos, lo que resalta la complejidad y la magnitud de las acusaciones en su contra.
El exgobernador, quien llegó al poder bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue oficialmente expulsado de la organización política en enero de 2019, en medio de un creciente escándalo de corrupción. Esta situación ha mantenido la atención de los medios y de la ciudadanía, quienes siguen de cerca el desarrollo del caso.
Así, César Duarte se enfrenta a un futuro incierto, con acusaciones que no solo trastocan su carrera política, sino que también reflejan un problema más amplio de corrupción en el país. A medida que avancen las investigaciones y se realicen los juicios, el caso podría sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en México.
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