El nuevo modelo de justicia laboral en México ha mostrado avances importantes, aunque aún enfrenta diversos desafíos estructurales, particularmente a nivel local. Así lo reconoció Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), durante una sesión ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Uno de los principales problemas que destacó es la saturación de los centros de conciliación y tribunales laborales en varias entidades del país, lo cual compromete la agilidad del sistema y pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las instituciones laborales estatales.
Domínguez Marrufo también alertó sobre la persistencia de prácticas contrarias a los principios del nuevo modelo laboral, como la injerencia patronal en los sindicatos y represalias contra trabajadores que buscan afiliarse o formar nuevas organizaciones. Subrayó que, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se llevan a cabo monitoreos e inspecciones para combatir estas violaciones a la libertad sindical.
En cuanto a los logros, el titular del CFCRL informó que el modelo ha logrado una efectividad del 71% en conciliación individual a nivel federal, y superior al 75% en los centros de conciliación locales. Es decir, tres de cada cuatro conflictos laborales se resuelven mediante acuerdo entre las partes, lo que refleja una tendencia positiva hacia la solución pacífica de controversias. También destacó la legitimación de más de 30 mil contratos colectivos a través de consultas sindicales y la aprobación de más de 40 mil contratos mediante voto directo de los trabajadores, lo que garantiza mayor transparencia y representatividad.
Sin embargo, también hizo énfasis en la necesidad de continuar mejorando los procesos internos del CFCRL, como los sistemas de registro y los programas de difusión sobre los derechos laborales, ya que una gran parte de la población trabajadora y empresarial aún desconoce los alcances y beneficios del nuevo esquema.
Asimismo, planteó como prioritario impulsar los contratos colectivos por ramas industriales y de servicios, que establezcan condiciones laborales mínimas dignas, especialmente en sectores con altos niveles de precariedad como la construcción y el trabajo agrícola. En este contexto, anunció que el CFCRL trabaja en acuerdos que permitan a los centros de conciliación locales atender conflictos no federales desde sus propias oficinas, así como implementar sistemas de conciliación remota que faciliten el acceso a la justicia en zonas apartadas del país.
Durante la misma sesión, legisladores de distintos partidos manifestaron su respaldo a iniciativas que doten al CFCRL de mayores facultades sancionadoras frente a violaciones a la libertad sindical. Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, y Manuel de Jesús Baldenebro, de Morena, coincidieron en la necesidad de legislar para fortalecer el papel del organismo y garantizar que pueda sancionar tanto a sindicatos como a empleadores que interfieran en la vida sindical. Además, urgieron a recuperar y ampliar el presupuesto del CFCRL para 2026, tras los recortes previstos para este año, con el objetivo de consolidar un sistema laboral más justo, eficiente y respetuoso de los derechos de las y los trabajadores.
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