La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que da preferencia a las centrales de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), recibió un empujón hacia adelante el jueves, cuando un Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica resolvió en contra de las suspensiones que frenaban su aplicación. Esto es un avance para la Administración Federal, la cual busca deshacer los principios de mercado abierto y competencia que se pasaron en la reforma energética del sexenio anterior. Sin embargo, no es una victoria definitiva, coinciden expertos, y puede tener el efecto de retrasar aún más la inversión privada en el sector.
En marzo, el Senado aprobó modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que revertían el principio del despacho económico que regía que las centrales más baratas, generalmente plantas privadas de energías renovables, eran las primeras en subir la electricidad a la red. López Obrador propuso revertir esto, dando prioridad a las centrales de la CFE, sean o no de energías limpias. Esto incluye a centrales térmicas públicas que funcionan con combustóleo, un derivado altamente contaminante del petróleo.
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Una segunda modificación propuesta elimina la obligatoriedad de celebrar subastas, un mecanismo por el que la CFE contrataba energía a bajo precio. Durante el Gobierno anterior, las subastas en energía renovables alcanzaron precios récord a nivel mundial, lo cual, el Gobierno esperaba, se traduciría en inversión de empresas de renovables con capital extranjero. La modificación de López Obrador abre la puerta a revisar contratos ya firmados y la revocación de permisos de autoabastecimiento, ampliamente utilizados por las empresas para suministrarse electricidad a partir de fuentes privadas.
Empresas generadoras de energía presentaron cientos de amparos en contra de las modificaciones a la LIE a días haber pasado en el Senado, en marzo, lo cual paralizó temporalmente la implementación de la propuesta. El fallo del jueves es un avance para el presidente, pero no significa que la LIE entre inmediatamente en vigor, explica Julia González, abogada especialista en cumplimiento regulatorio en el sector energético en la firma González Calvillo, en la Ciudad de México, ya que son cientos de trámites los que se tienen que hacer antes. “Esta es una señal de alarma”, dice González, “porque pudiera darse el caso de que sí se revoquen todas las suspensiones”. Además de los amparos, la Comisión Federal de la Competencia Económica y los partidos de oposición recurrieron los cambios ante la Suprema Corte, que todavía tiene que pronunciarse.
