El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado una decisión controvertida al abrir un expediente al juez Juan Carlos Peinado, tras sus recientes declaraciones en una resolución judicial. Peinado sugirió que los policías que brindan escolta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían facilitar su fuga de la justicia. Esta afirmación ha generado un intenso malestar en el Ministerio del Interior y entre los sindicatos de la policía.
La reacción inmediata del CGPJ se produjo después de una reunión extraordinaria celebrada el domingo 21 de junio de 2026, donde se discutieron las quejas planteadas. Finalmente, el lunes 22 de junio, se llevó a cabo otra sesión que concluyó con la decisión, que fue aprobada por un ajustado voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Esta situación ha puesto en el centro del debate la política de seguridad y la conducta de los magistrados.
El expediente se fundamenta en la infracción disciplinaria según el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que aborda el exceso o abuso de autoridad, así como las faltas graves de consideración hacia todos los involucrados en los procedimientos judiciales. Las posibles sanciones son severas, abarcando desde multas de hasta 6.000 euros hasta el traslado forzoso, la suspensión de hasta tres años, o incluso la expulsión de la carrera judicial.
Cabe destacar que el juez Peinado está próximo a cumplir 72 años el 27 de septiembre de 2026, lo que lo coloca a las puertas de la jubilación, un factor que podría influir en el proceso disciplinario. La atención ahora se centra en los próximos pasos del CGPJ y la eventual resolución de este caso, que toca fibras sensibles en la relación entre la justicia y la política.
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