Varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuentan que el jueves, antes o después del pleno, estuvieron recogiendo cosas de su despacho o despidiéndose de letrados y trabajadores con los que habían colaborado estos nueve años. “Esta vez sí me lo he llegado a creer”, admite un consejero progresista. Desde que el jueves por la noche se conoció la voladura del acuerdo entre PSOE y PP que todos daban por hecho, las sensaciones en el Tribunal Supremo y el Consejo fueron pasando de la sorpresa inicial, a la desolación y a la indignación. Ya a lo largo del viernes, algunos admitían haber entrado en la fase de aceptación.
Magistrados y vocales asumen que el pacto entre los partidos puede ser imposible hasta que pasen las elecciones generales previstas para finales de 2023 y se constituya un nuevo Parlamento, lo que puede implicar dos años más de precariedad. ¿Es viable mantener esta situación? En el órgano de gobierno de los jueces, la mayoría, tanto en el grupo progresista como en el conservador, considera que no es lo “deseable” ni lo “previsto”, pero que, si hay que hacerlo, se hará. “La gente está en shock, pero la idea es asumir lo que hay. Tenemos trabajo por delante. Lo primero, los nombramientos del Constitucional, pero también informes importantes sobre reformas legales, como la del aborto o la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, afirma otro vocal del grupo progresista.
Un consejero conservador apunta con cierta naturalidad a “un periodo prolongado” de interinidad añadida cuya duración puede variar en función del resultado de las próximas elecciones generales. “Si no hay vuelco electoral y sigue gobernando el PSOE, calculo un año y algo. Si hay vuelco, el PP probablemente quiera cambiar la ley antes de renovar y nos pidan esperar más. En ese escenario, calculo dos años”.
La dimisión, colectiva o individual, no es una opción para la mayoría de los vocales. El pleno está formado ahora por 18 miembros y el quórum mínimo para que pueda seguir funcionando es de 10, por lo que tendrían que renunciar nueve para bloquear la institución. Y nadie piensa que eso vaya a pasar. Saben que van a recibir presiones en ese sentido, pero aseguran que no les afectan. “Llevamos cuatro años así. Yo hago mi trabajo”, advierte un vocal conservador. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia reclama desde hace tiempo la renuncia de todo el pleno, pero ni siquiera los consejeros que entraron en el órgano en 2013 avalados por esta asociación se sienten concernidos. “Vamos a tener presiones, todas. Pero no contemplo la dimisión”, señala uno de estos vocales. Solo un vocal de los seis consultados específicamente por este asunto abre la puerta a dimitir si la situación se estanca.
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La crisis que abrió en la institución la dimisión de Lesmes se cerró con la designación del vocal de más edad, el progresista Rafael Mozo, como presidente suplente. Los miembros del órgano admiten que era una solución pensada para corto plazo, pero no ven problema en que se alargue. Mozo, no obstante, se jubila en julio, y si para entonces no hay renovación el puesto le correspondería a Vicente Guilarte, del bloque conservador. “Y si viene la Sala Tercera y nos dice que el presidente debe ser Francisco Marín Castán, será él. A la gente tampoco le va la vida en esto, no vamos a hacer una guerra”, afirma un vocal en referencia al recurso presentado contra la elección de Mozo, pendiente de resolver por el Supremo.
El panorama se ve mucho más apocalíptico desde la acera de enfrente, donde se ubica la sede del alto tribunal. “La situación es horrorosa, casi distópica”, afirma un magistrado que reparte culpas entre el PP y el PSOE. “Sostener que solo hay un culpable es desenfocar el análisis. Lo que ha hecho el PP es imperdonable, pero lo que ha hecho el PSOE de privar a un órgano del Estado de la capacidad de ejercer el núcleo de su función es inasumible”, afirma este juez en referencia a la ley que impide al actual CGPJ nombrar cargos discrecionales y que está afectando ya muy seriamente al funcionamiento del tribunal. Varios jueces consultados no comparten el reparto salomónico de responsabilidades y señalan al PP. “No puedes supeditar el cumplimiento de la Constitución a la acción de Gobierno. Es algo elemental”, advierte un magistrado.
MARISCAL (EFE)
En lo que todos coinciden es en la preocupación por el futuro inmediato del tribunal. Mientras los miembros del CGPJ se ven capaces de transitar dos años más de interinidad, los magistrados del Supremo consideran “inviable” aguantar ese tiempo, en el que las vacantes se contarían ya por decenas. “El Gobierno tiene que pensar un plan b. Y los planes b son todos malos”, admite un magistrado.
Las posibles salidas se buscan en dos vías. La primera, opciones que puedan precipitar la renovación del CGPJ, descartado el pacto entre PSOE y PP. Que el Gobierno desempolve la propuesta de ley que rebajaba la mayoría necesaria para renovar el órgano es rechazada por el ala más conservadora de la judicatura y tampoco gusta entre los progresistas. “Es la última opción que habría que plantearse”, afirma un juez del Supremo. Otra posibilidad es que el PSOE presente en el Congreso y el Senado la lista de vocales y suplentes que ya tenía cerrada con el PP para el acuerdo que se frustró el jueves. Así, podría obligar a debatir el asunto en el Parlamento e incluso obligaría a los populares a votar en contra de sus propios candidatos. Pero esta iniciativa tiene un escollo: los aspirantes del turno de juristas deben comparecer ante las Cámaras y es previsible que, al menos los propuestos por el PP, se negaran a participar en una votación abocada al fracaso y en contra del partido que les propuso.
Es muy grave que la oposición no solo incumpla la Constitución, sino que, además, deslegitime al Gobierno que ha salido de las urnas”
Ana Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional
Juristas consultados tampoco son partidarios de impulsar ahora reformas legales que permitan revertir la situación. “No veo más salida que confiar en la voluntad política”, afirma Ana Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña, que sí ve necesario garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Apuesta, como muchos jueces del Supremo, por reformar la ley para que los vocales del CGPJ cesen de forma automática cuando se cumplan los cinco años de mandato. ¿Podría aprobarse esta reforma por la vía de urgencia y aplicarse al actual Consejo? “Lo veo complicado, las leyes no se aplican retroactivamente”, advierte, aunque admite que, llegados a este punto de bloqueo, es difícil asumir quedarse de brazos cruzados. “Es muy grave que la oposición no solo incumpla la Constitución, sino que, además, deslegitime al Gobierno que ha salido de las urnas”, afirma.
El constitucionalista Miguel Presno, de la Universidad de Oviedo, aboga también por esta reforma, pero da prioridad a cambiar el sistema de elección. “Todos los problemas derivan del hecho de que la selección de sus miembros se lleva a cabo de acuerdo con afinidades ideológicas, pero también porque las personas elegidas asumen como propio el acuerdo tomado en sede política, es decir, aceptan ser dominadas. El problema no es tanto, o no es solo, quién [Parlamento, integrantes de la carrera judicial…] lo asume, sino cómo lo hace y a qué personas se nombra”, señala.
Si no se encuentra salida para forzar la renovación del CGPJ, los juristas y los jueces coinciden en que hay que buscarla para paliar el daño que el bloqueo está ocasionando, sobre todo, en el Supremo. Magistrados y vocales dan por hecho que se tendrán que estudiar en los próximos meses medidas como designar jueces suplentes en el alto tribunal, comisiones de servicio o reforzar el gabinete técnico, pero todas ellas requieren que el Ministerio de Justicia lo dote presupuestariamente. Ya hay activo un plan de choque para el alto tribunal, y el CGPJ y el departamento de Pilar Llop se reúnen semestralmente para reevaluarlo.
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