La situación política en Venezuela se intensificó el pasado sábado, 3 de enero de 2026, cuando miles de seguidores de Nicolás Maduro salieron a las calles de Caracas para exigir la liberación del mandatario depuesto, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses durante un bombardeo. Esta sorprendente acción militar resultó en la muerte de más de 100 personas, tanto civiles como militares, según las autoridades locales. La detención de Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, ha desatado un torrente de protestas en la nación sudamericana.
Durante la manifestación, que reunió a aproximadamente 1,000 personas en el oeste de Caracas, se escucharon consignas como “¡Maduro y Cilia son nuestra familia!” mientras los manifestantes clamaban por su regreso. Desde el 3 de enero, el chavismo ha organizado movilizaciones diarias, reflejando la profunda lealtad de sus seguidores en un contexto de incertidumbre política.
En la línea de sucesión, Delcy Rodríguez asumió el poder interinamente, prometiendo “rescatar” al derrocado presidente y reiniciar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, las cuales se rompieron en 2019. Rodríguez ha prometido liberar a los presos políticos, además de suscribir acuerdos energéticos que, en medio de las fuertes afirmaciones del presidente Donald Trump sobre controlar el país y su industria petrolera, han generado un nuevo capítulo en la crisis política y económica que vive Venezuela.
En este contexto, Trump ha instado a ejercer control sobre las ventas de petróleo venezolano, designando a empresas estadounidenses para reactivar la industria con inversiones que podrían alcanzar los 100,000 millones de dólares. A través de un decreto reciente, el presidente de EE. UU. estableció una protección de embargo para los ingresos derivados del petróleo venezolano en su territorio.
La movilización del sábado también coincidió con el aniversario de la investidura de Maduro para un tercer mandato, un proceso electoral ampliamente cuestionado por la oposición y por varios países, que exigieron sin éxito la publicación de las actas electorales. La desesperanza entre la población contrasta con la determinación de los que marchan. “Voy a marchar las veces que sea necesario”, afirmaba Soledad Rodríguez, jubilada de 69 años. “Confío ciegamente en que regresarán”.
Por otro lado, el panorama de los presos políticos en Venezuela sigue siendo sombrío: entre 800 y 1,200 personas se encuentran detenidas, y, tras un anuncio de liberación, solo un pequeño número ha sido efectivamente excarcelado. La ONG Foro Penal informa sobre 15 liberaciones, mientras que otras organizaciones hablan de hasta 21. Las familias de los detenidos mantienen una vigilia en las afueras de centros de detención, esperando noticias que no llegan.
Mientras tanto, la presión internacional continúa. Una misión diplomática estadounidense visitó recientemente Caracas para explorar una posible reanudación de vínculos, aunque sin indicios de un cambio de régimen inminente. En este caldo de cultivo político, la líder opositora María Corina Machado se reunirá con Trump, en un intento por restablecer un diálogo que podría ser clave para el futuro del país.
Con estas tensiones en juego, el futuro de Venezuela pende de un hilo. La situación actual no solo afecta a quienes están en el poder, sino también a millones de ciudadanos que anhelan un cambio que les permita recuperar la estabilidad y la paz. Continúa la incertidumbre en cada esquina del país, mientras las movilizaciones y la presión por la libertad de Maduro y Flores siguen tomando fuerza.
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