El estado mexicano de Chiapas acaba de aprobar una ley que autoriza la interrupción del embarazo hasta los primeros 90 días de gestación. Esta decisión histórica se suma a la de otros estados como Ciudad de México, Oaxaca y Hidalgo, que ya permitían el aborto en determinadas circunstancias. Sin embargo, esta noticia no ha sido bien recibida por algunos sectores conservadores de la sociedad, que argumentan que la vida comienza desde la concepción y que el aborto es un acto criminal y pecaminoso.
Según las estadísticas, en México se realizan más de un millón de abortos clandestinos al año, lo que representa un grave problema de salud pública. Muchas mujeres mueren o sufren graves daños por procedimientos inseguros realizados por personas no capacitadas. Además, la criminalización del aborto solo aumenta el estigma y la discriminación hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
La nueva ley de Chiapas contempla que las mujeres que acuden a la interrupción voluntaria del embarazo tengan acceso a servicios de salud seguros y garantizados por el Estado, así como a atención psicológica y sexual. De esta forma, se busca proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres, así como garantizar la equidad de género.
No obstante, aún hay mucho por hacer para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos. La lucha por la despenalización del aborto sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría de los estados del país y en muchos países de América Latina y el mundo. Por eso, es importante seguir trabajando en educación sexual, en la prevención del embarazo no deseado, y en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas.
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