Chile se encuentra en una fase crucial en su estrategia para capitalizar el litio, un recurso vital para la producción de baterías en el creciente sector de vehículos eléctricos. El ministro de Economía y Turismo, Álvaro García, ha expresado que el contrato entre la empresa estatal Codelco y la productora privada SQM podría ser finalizado antes de que concluyan las actuales gestiones gubernamentales.
Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio por el presidente Gabriel Boric en 2023, se ha buscado consolidar el control estatal sobre este recurso mediante un proceso de negociación minucioso. Codelco, elegida para liderar las negociaciones, se ha embarcado en un diálogo significativo con SQM, centrado en las operaciones en el apreciado salar de Atacama. Este acuerdo, que sigue a un proceso de consulta indígena, aún espera la autorización del regulador chino, lo que añade una capa de complejidad al proceso.
García, quien ha asumido recientemente el cargo tras la salida de Nicolás Grau, considera la firma del contrato como una prioridad inminente de su administración, que se extenderá hasta marzo de 2026. “Es nuestro objetivo inmediato y lo que esperamos sea concluido antes de que termine el Gobierno”, subrayó en una reciente entrevista.
Además, el ministro anticipa que los nuevos Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), que buscan fomentar la inversión pública y privada en el sector, serán presentados en septiembre. Uno de estos contratos implica una colaboración entre la empresa global Rio Tinto y la estatal Enami. García también menciona que, aunque no tiene claridad sobre el estado de las discusiones vinculadas a proyectos de valor agregado en el sector litio con empresas chinas, el interés por invertir se mantiene firme.
En un esfuerzo por agilizar la inversión en este sector, el Congreso chileno aprobó en julio una ley que podría reducir entre un 30% y un 70% el tiempo necesario para tramitar permisos sectoriales. Sin embargo, esta ley aún no ha sido promulgada debido a revisiones por parte del Tribunal Constitucional. García es optimista sobre el rápido avance en la regulación que define la implementación de esta legislación.
“A medida que se formalicen los nuevos reglamentos, nuestro enfoque estará en identificar proyectos estratégicos que requieran atención inmediata”, explicó el ministro. Aunque no existen proyecciones concretas sobre el crecimiento del capital que este nuevo marco legal podría atraer, García destaca que ha habido un aumento notable en los anuncios de inversión, con estimaciones que alcanzan aproximadamente los 80,000 millones de dólares en proyectos potencialmente realizables.
Algunos empresarios han manifestado su preocupación por los retrasos en otra iniciativa del Gobierno, destinada a facilitar las inversiones mediante la modificación del sistema de evaluación ambiental, que es considerado uno de los más extensos en su tramitación. García aseguró que, en cuanto se concrete esta modificación, la velocidad del proceso aumentará significativamente.
Finalmente, el ministro considera que a pesar del contexto electoral actual, el posicionamiento económico de Chile ha permanecido sólido, ofreciendo a los inversores un entorno de certidumbre jurídica que se traduce en oportunidades de inversión atractivas. La estrategia actual busca no solo conseguir una mayor inversión en litio, sino también fomentar un desarrollo sostenible y responsable del recurso.
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