La dictadura de Augusto Pinochet dejó penalizado el aborto en todas sus causales y, según los cálculos posibles, cada año se realizaban unas 70.000 interrupciones del embarazo en condiciones de extrema inseguridad. Fue recién en 2017, luego de 27 años de democracia y muchas resistencias, cuando Chile avanzó con la despenalización en tres supuestos específicos: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. Tras una larga lucha de los movimientos de mujeres, y sobre todo luego de la nueva ola feminista que fue la punta de lanza de las protestas de 2019, el derecho a abortar se consagra en la propuesta de Constitución en la que trabaja la convención a contrarreloj. Fue la decisión de una convención que, como ninguna otra en el mundo, está conformada de forma paritaria entre hombres y mujeres.
Lo decidido por el órgano constituyente –dominado por la izquierda y con una derecha en minoría– ha desatado el rechazo de algunos sectores que forman parte de la sociedad chilena, pero que no tienen fuerza en la convención. La propuesta ha causado polémica, entre otros asuntos, porque no resulta frecuente que en las constituciones se incluya expresamente la norma sobre aborto. Lo común apunta a establecer los derechos sexuales y reproductivos, pero de forma genérica.
Desde los sectores críticos se teme que la convención, con una norma que garantiza el derecho a interrumpir un embarazo, busque abrir la puerta al aborto libre, porque la ley no podría –han explicado convencionales conservadores– poner límites a un derecho constitucional. Busch dice que ningún derecho fundamental puede entenderse como un absoluto y, de hecho, para aplacar las dudas, la misma convención se comprometió a redactar un inciso donde se le haga un mandato al Congreso para que norme los límites del aborto.
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Actualmente, la ley no fija límite de semanas en las causales de inviabilidad fetal y peligro en la vida de la madre, pero en el caso de violación, para las mayores de 14 años se establece un máximo de 12 semanas y para las menores de 14 años, un máximo de 14.
Aunque la aprobación de una nueva Constitución en septiembre no está garantizada –el trabajo de la convención ha tenido múltiples dificultades–, las activistas opinan que la inclusión del aborto como un derecho no debería motivar a rechazar el texto. “Si bien conocemos de cerca a quienes están en contra de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, estimo que las movilizaciones para manifestarse en contra de una posible ley de derechos sexuales y reproductivos serán aisladas y con poca convocatoria″, opina la politóloga Marín Rey, en referencia al plebiscito que abrió la ruta al camino constituyente de Chile, donde por un 80% se impuso la opción de reemplazar la Constitución nacida en la dictadura de Pinochet.
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