La convención constitucional fue la solución que el sistema político chileno definió para enfrentar de manera institucional los conflictos que se iniciaron a partir del “estallido social” en octubre de 2019. El plebiscito de entrada fue sólido en sus resultados, mostrando que casi un 80% de los chilenos se inclinaba por una nueva constitución. La convención inició su trabajo en julio de 2021, cumpliendo su tarea dentro del año que se había fijado por ley. Para la elección de los convencionales se permitió que personas independientes pudiesen agruparse en listas que podían repartirse los votos en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Como consecuencia de esto, los independientes, más los escaños reservados a pueblos indígenas, lograron una alta representación en la composición de la convención y los partidos políticos tradicionales una participación minoritaria.
Desde los inicios del trabajo de la convención, se posicionaron diversos miembros con vocerías estridentes y posturas rupturistas antisistema político. La ciudadanía pudo constatar nuevas banderas de lucha asociadas a determinadas identidades, que imponían redacciones de normas muy recargadas, extensas y a veces contradictorias. A lo anterior, se sumaron ciertos hechos concretos que ahondaron el desprestigio del trabajo constituyente, en particular el escándalo y mentira de uno de los convencionales que utilizó el falso padecimiento de un cáncer como plataforma de búsqueda de apoyo electoral.
Aún así, hasta marzo de este año, la mayoría de las encuestas reflejaban que la opción Apruebo tenía un sólido liderazgo en las preferencias de voto. Este hecho se revierte cuando se comienzan a votar los artículos definitivos, donde emergen una serie de aspectos que se alejaban sistemáticamente de las preocupaciones de la ciudadanía y respondían a anhelos identitarios poco comprensibles para los ciudadanos de a pie, a lo que es posible sumar la excentricidad de algunos convencionales. Comienzan a surgir entonces señales de alerta, y las mismas encuestas comienzan a registrar que solo una minoría de votantes se inclinaría por aprobar a secas, y la inmensa mayoría por reformar o simplemente rechazar el proyecto.
En junio, el Partido Por la Democracia PPD (de centroizquierda, afín a la coalición de Gobierno) difunde una declaración convocando a “Aprobar y mejorar” la propuesta constitucional, en la cual si bien destaca alguna de las bondades del texto, especifica seis aspectos poco claros y 11 elementos que proponen modificar definitivamente, entre los cuales están una reforma al sistema electoral, que es el corazón del sistema político, restablecer el Senado y reponer el Poder Judicial como contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo. La propuesta del PPD no fue bien recibida inicialmente, porque se estimó que significaba un reconocimiento de la debilidad de la propuesta a plebiscitar.
Un mes después, los partidos de centroderecha hicieron lo propio, pero en este caso, convocando a rechazar la propuesta para lograr una Constitución que logre reencontrar a los chilenos, pero a la vez acogen diez elementos de la propuesta inicial, que se mantendrían en continuidad, entre estos se considera el concepto de “Estado social y democrático de Derechos”.
Después de mucho ir y venir, en agosto la coalición de Gobierno se abre a comprometerse en algunas modificaciones y aclaraciones de normas constitucionales, incluido el sistema político, sistema judicial y derechos sociales. De esta forma, la grieta del proyecto de constitución ya estaba hecha, muy pocos estaban satisfechos y la gran mayoría queriendo reformar una propuesta que no generaba consenso.
El contundente resultado electoral de esta semana es una clara muestra de la debilidad que contenía la propuesta original, pero a su vez el mismo proceso permitió decantar al menos cuatro elementos para avanzar en el futuro inmediato. En primer lugar, la amplia mayoría de los chilenos está por una nueva constitución, esto es un hecho imposible de ignorar y necesario para la paz social. En segundo lugar, existen varios espacios de consenso en torno a aspectos que quedaron planteados formal y públicamente y que tendrán que incorporarse en la próxima etapa, como es el reconocimiento de los pueblos indígenas, una mayor descentralización, Estado social de derecho, protección del medioambiente y otros. Tercero, en esta nueva fase no será conveniente partir de una hoja en blanco, ya quedó demostrado que Chile tiene una historia y es importante reconocer instituciones republicanas. Finalmente, y no menos importante, a pesar de la gran derrota política, el Gobierno tiene una gran oportunidad de convocar y consolidar un proceso de cambios que es deseado por la ciudadanía.
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