El sistema de gestión hídrica en Querétaro está en el centro del debate legislativo tras la reciente propuesta del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local. La iniciativa busca crear la Ley de Aguas y Saneamiento del Estado de Querétaro, con el objetivo de garantizar un suministro de agua mínimo vital y poner fin a las concesiones a empresas privadas.
Eric Silva Hernández, uno de los principales impulsores de esta norma, argumenta que el proyecto tiene como meta alinear la legislación estatal con la Ley General de Aguas a nivel federal. La propuesta introduce medidas legales que buscan evitar lo que los legisladores han calificado como el “cártel del agua”. Al hacerlo, la ley buscaría asegurar que la gestión del agua sea competencia exclusiva del Estado y no un bien comercial.
Dentro de sus puntos más destacados, la iniciativa establece que cada persona debe recibir al menos 100 litros de agua diarios, lo que equivale a 15 metros cúbicos mensuales por hogar. Este suministro, considerado esencial, no podrá ser alterado por la capacidad de pago de los usuarios, lo que implica la prohibición absoluta de cortes del servicio y racionamientos. Otros aspectos relevantes incluyen la calidad del agua, estipulando que no se permitirá el uso de aguas residuales tratadas para consumo humano.
Además, se plantea un régimen tarifario progresivo basado en la situación socioeconómica de las familias. Esto significa que el costo por el servicio de agua no deberá exceder el 3% del ingreso mensual estimado de un hogar. Entre las categorías de subsidios propuestos se encuentran: un 90% para estratos vulnerables, un 60% para usuarios de bajo ingreso y un 30% para aquellos de nivel medio. Los hogares de alto nivel socioeconómico, al igual que las industrias comerciales, no recibirían subsidios y tendrían que asumir el costo completo.
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es la prohibición total de nuevas concesiones a empresas privadas. Si se aprueba la ley, los contratos existentes serán revisados por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para detectar irregularidades, y al finalizar su vigencia, los servicios deberán regresar al ámbito público.
Este ambicioso proyecto será sometido a un proceso de parlamento abierto durante los próximos 60 días para integrar las opiniones de la ciudadanía y de especialistas. La resolución final del Congreso local será crucial para determinar el futuro de la gestión del agua en Querétaro y la viabilidad del subsidio propuesto, especialmente para aquellos sectores con menos recursos.
La fecha de este análisis es del 2026-04-03, y se espera que la discusión sobre la Ley de Aguas y Saneamiento sume aportes valiosos para afrontar los retos que enfrenta el estado en relación con este recurso vital.
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