SANTIAGO. El cierre inadecuado de faenas mineras en países de América Latina produce impactos ambientales, mientras la ausencia de inventarios y medidas correctivas no permite precisar el efecto en las personas y el entorno, según un informe de organismos fiscalizadores divulgado el miércoles.
El estudio levantó información sobre Pasivos Ambientales Mineros (PAM) -como depósitos de relaves abandonados y cursos de aguas contaminados- en 12 países de la región que podrían significar un riesgo potencial a la salud, seguridad y vida de las personas y el medio ambiente.
“Desde una perspectiva regional, se destaca la ausencia de inventarios y evaluaciones oficiales de acceso público que permitan identificar tanto la localización de los PAM como los riesgos originados por su presencia”, contempla el informe.
La falta de catastros “conlleva la generación de bases de datos desintegradas e incompletas, que no permiten reconocer la cantidad, ubicación y peligrosidad de tales estructuras, con el alcance territorial requerido”, agregó.
Muchas economías de la región dependen en buena parte de la explotación de recursos naturales, como la extracción minera y de hidrocarburos.
“En algunos casos no sabemos la composición de contaminantes y, por si fuera poco, se estableció la construcción de viviendas sociales en las proximidades de pasivos ambientales, lo que evidentemente genera un alto riesgo para la salud de quienes habitan allí”, dijo el contralor general de Chile, Jorge Bermúdez, impulsor del análisis.
El estudio dijo que la mayoría de los países cuenta con modelos mayormente preventivos a excepción de Ecuador, México y Perú, que también tienen procesos correctivos.
El documento recomienda generar marcos regulatorios para la gestión de los pasivos, asignación de recursos para su manejo, actualizar los inventarios con el análisis de riesgos y fomentar el reaprovechamiento de los PAM.
“Salvo Perú, que provee presupuestos específicos a la remediación de PAM, ningún otro país de América Latina cuenta con instrumentos financieros orientados a la gestión de estos pasivos”, indicó.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y República Dominicana fueron parte del estudio.
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