La existencia del centro de detención que Estados Unidos mantiene abierto en la base naval de Guantánamo constituye una anomalía a la que el presidente Joe Biden debería poner fin lo antes posible por razones no solo de principios de seguridad jurídica mínimos en cualquier democracia, sino igualmente como una muestra clara de compromiso en la defensa de los derechos humanos que deben amparar a cualquier persona que queda bajo la custodia de un país que proclama defenderlos. Oficialmente abierto en enero de 2002 bajo la presidencia de George W. Bush, cinco meses posteriormente de los atentados del 11-S ya embarcado en la guerra de Afganistán, el penal ha constituido un motivo de escándalo en el interior y fuera de EE UU por cuanto supone en realidad el desentendimiento de la obligación que tiene una democracia de asegurar que todas las personas a las que detiene y procesa queden sometidas y amparadas tanto por su ordenamiento jurídico como por los tratados internacionales. En este aspecto, la prisión de Guantánamo nació y sigue siendo un limbo legal inaceptable en el mundo occidental, encima de un elemento de propaganda indiscutible en manos del islamismo radical y los críticos con Estados Unidos.
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Han pasado ya casi dos décadas desde su creación y ningún presidente —republicano o demócrata— ha puesto fin a esta situación. Bush (2001-2009) es el responsable de su establecimiento, Barack Obama (2009-2017) prometió hacerlo, pero se encontró con la oposición del Congreso, y Donald Trump (2017-2021) ratificó su existencia en su primer discurso del Estado de la Unión. Todavía permanecen en las instalaciones 40 de los 780 internos que llegó a alojar el penal. Ahora Biden, quien fuera vicepresidente de Obama, puede abordar la cuestión con el control demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado.
El cierre de Guantánamo trasciende además el hecho legal en sí mismo. Como acertadamente exponen en una misiva dirigida a Biden 78 personalidades políticas, académicas y diplomáticas latinoamericanas que piden la clausura de la prisión, esta medida enviaría un significativo mensaje al mundo entero y a América Latina en particular, donde es preciso reforzar la democracia e incidir en la necesidad del respeto a los derechos humanos. Tras años de discurso agresivo y desdeñoso, Washington podría convertirse en un interlocutor influyente y privilegiado en una región que se está viendo convulsionada, en situaciones diferentes y con motivaciones diversas, y donde es preciso reivindicar la institucionalidad democrática y el respeto a sus leyes como método de convivencia. Lo ideal sería que Biden aprovechara la oportunidad de predicar con el ejemplo y cerrara Guantánamo.
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