Cinco alcaldes opositores sentenciados en Turquía

Un tribunal turco ha sentenciado a cinco alcaldes del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora del país, a penas que van hasta los 23 años de prisión, en un juicio que ha desatado controversia y acusaciones de persecución política. El fallo, emitido el 24 de agosto de 2026, es el resultado de un largo proceso judicial que se llevó a cabo en las instalaciones de un tribunal adyacente a la prisión de Silivri, al oeste de Estambul, y que se extendió durante siete meses, involucrando a aproximadamente 200 acusados.

El caso, conocido como “el caso Aktas”, hace referencia al empresario Aziz Ihsan Aktas, señalado por la fiscalía como líder de una red que presuntamente obtuvo contratos municipales a través de sobornos y fraudes. Las acusaciones contra Aktas son graves, con demandas de pena que podrían alcanzar los 280 años de prisión.

Entre los condenados se encuentra Riza Akpolat, alcalde del distrito de Besiktas en Estambul, quien recibió la pena más severa de 23 años y tres meses por varios delitos, incluidos el blanqueo de dinero. Otros como Zeydan Karalar, alcalde de Adana, y Kadir Aydar, alcalde de Ceyhan, también enfrentaron condenas significativas por sobornos, mientras que el único absuelto fue Abdurrahman Tutdere, alcalde de Adiyaman. En el mismo juicio, Aktas fue condenado a dos años y ocho meses por manipulación de licitaciones, aunque se le absolvió de los cargos de soborno.

Los cinco alcaldes había sido arrestados en un lapso entre enero y julio del año anterior, lo que generó un ambiente de incertidumbre y tensión en la oposición. Durante el juicio, Aktas cambió su declaración inicial y, bajo el alero de la ley turca de “arrepentimiento efectivo”, alegó haber sobornado a funcionarios con dinero en efectivo y otros beneficios a cambio de contratos. Sin embargo, muchos de los acusados negaron conocerlo y alegaron que las adjudicaciones se realizaron de acuerdo a los procedimientos establecidos.

El uso de testigos secretos también ha suscitado dudas, ya que varios admitieron que sus testimonios se basaban en rumores. El propio Akpolat denunció ante el tribunal que se le ofreció la posibilidad de retirar los cargos en su contra si aceptaba testificar contra otros en una investigación relacionada.

La oposición ha cuestionado la imparcialidad del proceso, señalando que algunas municipalidades gobernadas por la alianza del presidente Recep Tayyip Erdogan, que también mantuvieron vínculos financieros con Aktas, no han sido objeto de escrutinio similar. Sin embargo, el gobierno ha insistido en que el sistema judicial opera de manera independiente de cualquier influencia política.

Este fallo se produce en un contexto de creciente presión sobre el CHP, que en 2024 consolidó su posición como la fuerza municipal más importante tras ganar en ciudades clave como Estambul y Ankara. Desde entonces, decenas de sus alcaldes han sido arrestados y apartados de sus funciones. Un caso paralelo también ha llevado a la destitución de la cúpula del CHP por supuestas irregularidades en las elecciones internas.

Entre los principales afectados se encuentra Ekrem Imamoglu, alcalde metropolitano de Estambul, quien fue detenido en marzo del año pasado coincidiendo con su nominación como candidato opositor para las elecciones presidenciales de 2028. Imamoglu enfrenta acusaciones que, de ser comprobadas, podrían llevarle a enfrentar una condena de más de 2.300 años.

El futuro político de muchos dentro del CHP parece cada vez más incierto, en un panorama donde el fenómeno de la corrupción y la acusación de persecuciones políticas continúan desenmascarando las tensiones entre el gobierno y la oposición en Turquía.

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