Cinco años tras el asesinato de Moïse: impunidad en Haití

Cinco años después del asesinato de Jovenel Moïse, la investigación judicial en Haití permanece estancada, con escasos avances y sin un juicio en curso. El trágico evento tuvo lugar en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando un comando armado irrumpió en la residencia del presidente en Puerto Príncipe, resultando en su muerte. Su esposa, Martine Moïse, sufrió heridas en el ataque.

Desde entonces, la investigación ha estado marcada por cambios constantes de jueces, dimisiones y amenazas, reflejando la crisis institucional que aqueja al país. Mientras las autoridades estadounidenses ya han condenado a nueve individuos involucrados en la conspiración para secuestrar y asesinar a Moïse, en Haití, el proceso ha quedado paralizado. La Corte de Apelación de Puerto Príncipe, en octubre de 2025, ordenó una indagación complementaria, devolviendo el expediente al juez Jean Denis Cyprien. Desde ese momento, el magistrado ha interrogado a exfuncionarios del gobierno de Moïse y líderes políticos y sociales, buscando pruebas que permitan avanzar en la resolución del caso.

El magnicidio fue perpetrado por un grupo de mercenarios mayormente colombianos y estadounidenses, quienes contaron con la complicidad de agentes de seguridad del Palacio Nacional. La operación, inicialmente presentada como un arresto legal con supuesta aprobación de agencias estadounidenses, resultó en un asesinato tras fallidos intentos de captura. Algunos de los involucrados habían sido informantes del FBI y la DEA.

La Corte de Apelación demanda una investigación más profunda para poder identificar a los autores intelectuales del crimen y el origen del financiamiento. Recientemente, el tribunal desestimó las solicitudes de libertad para varios detenidos, incluyendo a 17 colombianos procesados, y mantuvo bajo prisión a los acusados principales. A comienzos de 2024, el entonces juez instructor Walther Wesser Voltaire procesó a unas 50 personas, incluyendo a Martine Moïse, el expresidente Michel Martelly y el ex primer ministro Claude Joseph, aunque la Corte anuló esta resolución considerándolo prematuro.

Este estancamiento judicial se ha dado en un contexto de agravamiento institucional. Haití no ha tenido elecciones generales en una década, y tras la muerte de Moïse, el país se encuentra sin presidente, Parlamento ni Senado electos. Las bandas armadas controlan cerca del 75 % del área metropolitana de Puerto Príncipe, desplazando a más de 1,5 millones de personas debido a la violencia constante, lo que complica cualquier intento por organizar elecciones que restablezcan el orden constitucional.

Jovenel Moïse, quien llegó a la presidencia en 2017 con el apoyo de Michel Martelly, fue un empresario agrícola sin experiencia política, y utilizó su discurso de victoria en 2016 para convocar a la juventud y a los profesionales haitianos a “levantar el país”. Sin embargo, su mandato se vio marcado por protestas, acusaciones de corrupción y una creciente desconfianza en las instituciones. Su asesinato no solo profundizó la crisis política, social y de seguridad que enfrenta Haití, sino que dejó al país más polarizado y empobrecido que nunca.

La situación es crítica, y el clamor por justicia continúa mientras Haití espera una respuesta adecuada a un crimen que ha dejado huellas profundas en su historia reciente.

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