Los contribuyentes podrían experimentar un cambio significativo en la manera de abordar sus obligaciones fiscales gracias a una reciente propuesta de reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF), impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum. Esta modificación busca otorgar mayor flexibilidad a los contribuyentes en el pago de créditos fiscales, permitiendo que el interés fiscal, que asegura el cobro de deudas tributarias, se garantice a través de diversas modalidades.
Actualmente, el mecanismo de garantía de interés fiscal es rígido, estableciendo el billete de depósito ante el Banco del Bienestar como la primera opción obligatoria. Sin embargo, la iniciativa propone que los contribuyentes tengan la libertad de elegir entre varias alternativas legales, que incluyen instrumentos como la carta de crédito, prenda, fianza, obligación solidaria y embargo administrativo. Este cambio eliminaría el riguroso orden de prelación vigente, lo que implica menos restricciones y mayor autonomía en la elección de garantías.
Un crédito fiscal se define como la obligación de pago que un particular tiene hacia el Estado, derivada de contribuciones, aprovechamientos, o sanciones. Los beneficios más destacados de esta reforma serían evidentes en diferentes ámbitos:
En primer lugar, se aliviaría la afectación a la liquidez de los contribuyentes. Bajo el sistema actual, muchos tienen que inmovilizar recursos equivalentes al monto del crédito durante periodos que pueden extenderse entre cuatro y cinco años, afectando así su operación y capacidad de inversión.
Además, la reforma pretende eliminar las cargas administrativas y probatorias que los contribuyentes enfrentan al querer optar por garantías distintas al billete de depósito. Actualmente, deben demostrar su incapacidad económica para acceder a opciones más flexibles, una carga que resultaría innecesaria si se aprueba esta modificación.
Otro de los sectores que se vería beneficiado es el de la reducción de la discrecionalidad y el número de litigios. La rigidez actual ha generado una serie de controversias que complican la relación entre contribuyentes y autoridades. Permitir la elección libre de garantías simplificará los procesos y disminuirá la posibilidad de que las autoridades tomen decisiones arbitrarias sobre las calificaciones de las garantías.
Diputados como Yericó Abramo Masso han calificado el esquema actual de “error” y lo han descrito como una forma de “terrorismo fiscal”, pues complica el derecho de los contribuyentes a defenderse. Esta nueva propuesta también se establece como un avance hacia una eficiencia recaudatoria más realista, asegurando el pago sin imponer rigideces que alteren el flujo natural de las empresas.
A medida que avanza el proceso legislativo, la aprobación del dictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público es un indicativo claro de que el cambio se está materializando. Patricia Flores Elizondo, diputada del Movimiento Ciudadano, ha destacado la necesidad de erradicar un esquema que ha resultado ser “inflexible, lento y burocrático”, lo que ha limitado la capacidad de los contribuyentes para manejar sus obligaciones fiscales de manera eficaz.
El próximo paso en este proceso legislativo será la discusión del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados, seguido por su paso al Senado. Una vez recibida la aprobación por ambos cuerpos, se enviará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un posible cambio en la forma en que se manejan los créditos fiscales en México.
Actualización: Los datos corresponden a 2026-03-26 10:55:00.
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