La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra en una situación judicial crítica tras la ratificación de su condena a seis años de prisión por corrupción relacionada con la adjudicación de obras viales durante su gestión (2007-2015). Este veredicto, emitido por la Corte Suprema, impone además una inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
La acusación inicial presentada por la fiscalía señalaba a la exmandataria por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “asociación ilícita”. En 2022, un tribunal de primera instancia determinó que aunque era culpable de administración fraudulenta, no se probó la asociación ilícita, por lo que se le impuso la pena de seis años y la inhabilitación política. Desde entonces, tanto la acusación como la defensa apelaron, pero la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo, que finalmente fue confirmado por la Corte Suprema.
La defensa de Fernández se basa en su incongruencia con las acusaciones, alegando que estos cargos representan una guerra judicial, o “lawfare”, destinada a deslegitimar su figura y a su movimiento político, el peronismo, frente al gobierno del actual presidente Javier Milei. Fernández sostiene que nunca existieron pruebas directas que la relacionaran con las irregularidades en los contratos, argumentando que las decisiones sobre presupuestos y obras fueron competencia de otros organismos, no directamente de la presidencia.
En su defensa, Fernández ha denunciado un “Estado paralelo y una mafia judicial” que socavan la democracia, alegando que los standards legales han sido ignorados. Ha cuestionado la imparcialidad de algunos miembros del sistema judicial, sugiriendo que ciertos jueces han mantenido vínculos amistosos con su opositor político, el expresidente Mauricio Macri.
A pesar de esta condena, Fernández enfrenta varias otras causas judiciales. Entre ellas se encuentra el caso “Memorándum”, por el que debe responder a un cargo de encubrimiento relacionado con un atentado terrorista en una entidad judía ocurrido hace tres décadas. Aunque fue sobreseída en 2021, la Cámara de Casación revocó esa decisión en 2023, alegando nuevos elementos que abren la vía a un juicio.
Adicionalmente, hay otras dos causas por corrupción que aún están pendientes de juicio, con una programada para noviembre, mientras que la otra se encuentra en investigación. Así, Cristina Fernández de Kirchner continúa navegando un laberinto judicial que podría definir no solo su futuro personal, sino también el rumbo del peronismo en Argentina.
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