Alrededor de 32 millones de personas en México viven con ingresos que no les permiten satisfacer sus necesidades básicas, un fenómeno alarmante conocido como “salarios de pobreza”. En este panorama, la entidad de Morelos se destaca tristemente como la región con la mayor proporción de trabajadores en esta situación, alcanzando un 85%.
Este contexto se recoge en el Ranking estatal de los indicadores clave de precariedad y exclusión laborales, elaborado por el Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP). Este ranking clasifica las entidades federativas según la cantidad de fenómenos de precariedad que afectan a la población trabajadora, revelando disparidades significativas.
Los salarios de pobreza se caracterizan por ser aquellos que no permiten cubrir ni siquiera dos canastas básicas. Esto implica una insuficiencia económica que compromete la calidad de vida de quienes sustentan a sus familias con estos ingresos.
Los cinco estados con mayor proporción de trabajadores que enfrentan este grave problema son:
- Morelos (85%)
- Estado de México (82%)
- Puebla (81%)
- Chiapas (80%)
- Oaxaca (78%)
En contraste, algunas entidades han logrado mantener proporciones más bajas de trabajadores con ingresos insuficientes, siendo estas las más destacadas:
- Zacatecas (26%)
- Baja California Sur (40%)
- Baja California (42%)
- Nuevo León (45%)
- Coahuila (45%)
Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de la ACFP, advierte que es fundamental abordar la pobreza desde un enfoque que contemple la precariedad y las exclusiones laborales. Según Gómez Hermosillo, la pobreza no puede entenderse plenamente sin considerar estos aspectos, que reflejan una realidad oscura en que millones de mexicanos carecen de ingresos suficientes, acceso a seguridad social y empleos dignos.
El país ha experimentado períodos de crecimiento económico moderado donde, lamentablemente, los indicadores laborales se han mantenido relativamente estancados, y los niveles de pobreza han tenido ajustes marginales. Esta visión de que el crecimiento económico por sí solo reduce la pobreza ha demostrado ser errónea. Si la economía no crece y no se generan empleos suficientes, la precariedad aumenta y, por ende, la pobreza se agrava.
La situación es crítica: se estima que 35 millones de personas trabajan sin acceso a seguridad social, 12 millones sin prestaciones y otros 14 millones se ven sometidos a jornadas laborales excesivas. Además, 18 millones de trabajadores carecen de un contrato formal.
Gómez Hermosillo enfatiza que, si bien los programas sociales son importantes, no son una solución sostenible para erradicar la pobreza. Con 75 centavos de cada peso del ingreso familiar proveniente del trabajo, se hace imperativo que las políticas se dirijan hacia la creación de empleo de calidad con salarios dignos.
El mercado laboral mexicano está generando condiciones que perpetúan la pobreza a nivel nacional. Los informes del Observatorio muestran que ninguna entidad privada alcanza buenos indicadores laborales, lo que subraya la necesidad urgente de visibilizar estas injusticias que afectan desproporcionadamente a mujeres y jóvenes.
Por tanto, la clave para avanzar hacia un México más equitativo radica en generar una economía inclusiva focalizada en la productividad y en la promoción de trabajos dignos. Este enfoque debe garantizar remuneraciones justas y condiciones laborales que respeten los derechos humanos.
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