La reciente tragedia en Guanajuato, donde once personas perdieron la vida tras un ataque armado después de un partido de fútbol local, subraya la alarmante realidad de la violencia criminal que asola algunas regiones de México. Este ataque, atribuido a una disputa entre grupos criminales, incluyó al menos a cinco víctimas relacionadas con un grupo de seguridad vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que los agresores pertenecen al Cártel Santa Rosa de Lima.
El contexto nacional es igualmente preocupante. Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reportó una tasa de homicidios nacional de 17.5 por cada 100,000 habitantes en 2025, la situación es muy variable entre los diferentes estados del país. Algunos sufren cifras que superan de manera significativa este promedio, reflejando la feroz competencia entre organizaciones criminales por influir en territorios estratégicos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
De acuerdo con los datos más recientes, Colima lidera como el estado más violento, con una tasa de homicidios de 81.08 por cada 100,000 habitantes. Este estado, ubicado en la costa del Pacífico y conocido por su puerto en Manzanillo, es un punto neurálgico para el comercio legal e ilegal. La extorsión a industrias locales como la automotriz y el turismo es una práctica común entre los grupos de crimen organizado que operan allí.
Morelos, con una tasa de homicidios de 54.42, y Sinaloa, con 52.17, son otros estados donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Morelos se encuentra en una ruta clave para el tráfico de drogas y armas, mientras que Sinaloa, en el noroeste del país, ha sido escenario de intensas confrontaciones internas en su cártel, especialmente tras la captura de su líder histórico en 2024.
Baja California, con 41.48, y Guanajuato, que presenta una tasa de 38.84, completan la lista de los cinco estados más violentos. La proximidad de Baja California a la frontera estadounidense y la compleja estructura de mercados criminales en sus ciudades principales, como Tijuana, exacerban la situación. Por su parte, Guanajuato, un centro industrial clave, es otro campo de batalla entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG, ambos luchando por el control de una región estratégica que conecta diversas rutas comerciales.
La guerra entre estos cárteles, centrada en el control de los territorios, sigue afectando de manera catastrófica a las comunidades locales. La reciente masacre en Guanajuato no es un hecho aislado, sino un reflejo de una crisis que demanda atención urgente. A medida que las tasas de homicidios siguen siendo desproporcionadamente altas en ciertas regiones, la lucha por la seguridad y la estabilidad en México se perfila como uno de los desafíos más acuciantes del presente.
Este contexto, marcado por el derramamiento de sangre y la lucha por el dominio territorial, evidencia la necesidad de abordar las raíces del problema y buscar soluciones efectivas que protejan a la ciudadanía de la violencia criminal que actualmente marca el pulso de la sociedad mexicana.
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