La detención de Aldrin Miguel Jarquín, alias El Chaparrito, presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación de Colima, ha provocado de nuevo el caos en el Estado. Jarquín fue detenido este domingo en Zapopan (Jalisco) y como respuesta, sus lugartenientes han incendiado traileres y camiones en carreteras de Colima y Cuauhtémoc. La entidad costera de menos de un millón de habitantes se ha convertido en los últimos años en una de las más violentas del país y la reciente batalla de grupos del narco ha provocado escenas más propias de una guerra. Los narcobloqueos suponen un aviso de que, como ha sucedido en otros Estados de México, la violencia del narco continúa pese a algunos intentos del Gobierno de recuperar su poder en la zona.
El Chaparrito era uno de los principales importadores de armas y generadores de la violencia en el Estado de Colima, según reveló la Fiscalía General de la República poco después de su detención. Y uno de los jefes de plaza más cercanos al líder del poderoso Cartel Jalisco (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por quien la agencia antidrogas de Estados Unidos llegó a aumentar la recompensa a 10 millones de dólares.
El presunto líder del cartel en Colima, que cayó este domingo a dos horas en coche al norte de la tierra que controla, su hermano José de Jesús Jarquín Jarquín, El R32; César Enrique Díaz De León Sauceda, El Lobito, y Fernando Zagal Antón, también presuntos miembros del CJNG, están incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “Ayudan a coordinar las operaciones de tráfico de drogas del CJNG a través del puerto de Manzanillo y mantienen el contacto con las fuentes de suministro de cocaína en Colombia”, sostiene la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)
La captura se ha producido casi un mes después de que se desatara una violencia insostenible en las calles de los principales municipios del Estado. A principios de febrero, las calles de Colima se convirtieron en un escenario de guerra. Pueblos baleados, barrios que contaban más de 200 casquillos de bala, al menos 10 ejecutados y embolsados, el terror que no daba tregua a cualquier hora del día, durante más de una semana.
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Las autoridades, que permanecieron mudas durante días, mientras afuera rugían los balazos, explicaron lo que todos en los pueblos de la entidad con menos habitantes del país —poco más de 730.000— ya sabían: un enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico que hasta hace muy poco eran aliados. La disputa escaló a tal grado que la Universidad de Colima anunció la suspensión de clases presenciales y a ella se sumó el resto de escuelas de todos los niveles. Los comercios llegaron a cerrar, nadie caminaba y sus banquetas se habían convertido en un cementerio sin tumbas ni despedidas. El horror de la narcoviolencia a las puertas de las casas de una entidad costera que hasta hace menos de una década era el orgullo del turismo mexicano y centro de retiro para miles de personas del resto del país.
La gobernadora de Morena, Indira Vizcaíno, que tomó posesión en el cargo en noviembre, emitió esa semana un vídeo a través de sus redes sociales para tratar de calmar a la población. “Hemos primado las acciones a las palabras”, señalaba en el mensaje. Vizcaíno informó de que hay desplegados más de 600 soldados de la Guardia Nacional, 350 del Ejército y otros 350 de la Marina, que se suman a los 675 de la policía estatal y más de mil de las policías municipales. Pese a este nivel de despliegue, los tiroteos entre los grupos del crimen organizado continuaron. Y sobre todo, la capacidad impune de los miembros del narcotráfico para pasearse con armas propias del Ejército y desatar el terror y la muerte, sin que una sola autoridad de las mencionadas se lo impida. El narco ha demostrado en Colima, como en muchos otros puntos del país, que supone un poder de facto dentro del Estado.
A medidados de febrero, el Gobierno federal anunció un despliegue de fuerzas federales —Ejército y Guardia Nacional— en la zona. Más de 2.000 soldados y marinos para resguardar unos municipios que se habían convertido en una tierra sin ley. La presencia federal proporcionó una tregua de días que le permitió a algunos pueblos retomar su actividad normal. Pero la captura de El Chaparrito ha roto la paz otra vez.
Los incendios para protestar por la detención de su líder comenzaron alrededor de las 22:30 horas de este domingo. En el municipio de Cuauhtémoc, se reportó el incendio de dos tráileres, uno cerca a la altura del fraccionamiento Ikal, y el otro cerca de la gasolinera en El Trapiche. Además, fue incendiado otro camión, en el libramiento Ejército Mexicano, cerca del cruce de la avenida Gonzalo de Sandoval, en Colima.
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La guerra que se desató a principios de febrero tiene origen en la fractura de una célula del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, amo y señor de estas tierras desde su fundación, alrededor de 2015. Uno de los grupos aliados, Los Mezcales, se ha separado del grande y ha decidido disputarle el territorio, pese a que en mitad de esa batalla intestina queden los colimenses sin ninguna relación con el crimen organizado.
Hace no tanto tiempo, menos de una década, Colima —el Estado menos poblado de México— acaparaba las portadas de la prensa nacional en contadas ocasiones: por los huracanes que tenían la maldita costumbre de tocar tierra siempre en Manzanillo o pueblos costeros aledaños; las espectaculares erupciones del volcán que maravillaban a los geólogos, sus altos niveles de vida, grandes playas, una temperatura envidiable de 25 grados de media todo el año, uno de los puertos más grandes del Pacífico. Colima era todo eso, hasta que la ola de violencia que arrasó sin ningún orden el país en 2015 —y que no se ha detenido— comenzó a colocarlo como el más peligroso de México. Para un Estado de menos de un millón de habitantes, la cifra de asesinatos estaba disparada. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 65,7; una de las ciudades más violentas del mundo, San Pedro Sula (Honduras) cerraba 2021 con una cifra menor, 41.
Y aunque en 2016 fue su peor año, después de meses consecutivos de colocarse en lo alto de la lista negra de la violencia, los actuales enfrentamientos y amenazas del narco en la capital y zonas aledañas advierten de una nueva etapa violenta para la entidad. El caso de Colima se suma al de otros azotados sin tregua por las batallas del crimen organizado, Guanajuato, Zacatecas —con matanzas y colgados de puentes casi diario—, Michoacán, Jalisco o Baja California. Y aunque las autoridades presuman una contención general de los homicidios, la cifra media que se ha alcanzado en los últimos cinco años es tan insostenible (más de 90 al día), que la seguridad se ha convertido en la gran tarea pendiente de AMLO, cuyo eslogan de campaña Abrazos y no balazos, le pesa cada día más.
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