En el panorama fiscal de México, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha traído consigo un escenario preocupante. Con un déficit fiscal heredado del 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB), el desafío era monumental. La administración actual se propuso reducirlo a un 3.9%, pero a cierre de 2025 los resultados fueron desalentadores. El déficit se situó en un 4.8% del PIB, lo que representa 1.7 billones de pesos, cifrando así un sobrecumplimiento del objetivo por 285 mil millones de pesos.
Este incremento en el déficit no se debió únicamente a gastos imprevistos, sino también a la rígida estructura del gasto. A pesar de un esfuerzo notable para controlar las finanzas, el gobierno se vio obligado a reducir inversiones físicas, un componente crucial para el desarrollo económico y la creación de empleo. En cifras, la inversión física cayó un 28.4% anual, alcanzando su nivel más bajo desde 2008, año de la crisis financiera global.
En términos de deuda, la situación también es alarmante. La deuda pública llegó al 53.1% del PIB, superando nuevamente las proyecciones. Cada peso generado por la economía se complementa con 53 centavos en deuda, lo que evidencia una carga creciente. El servicio de la deuda rebosó un récord de 1.31 billones de pesos, incrementándose en un 9.8% respecto al año anterior, lo cual inhabilita una mayor capacidad para invertir en áreas prioritarias.
El ingreso tributario, que ascendió a 5.3 billones de pesos, mostró un crecimiento del 4.6% anual, pero este aumento fue mayormente impulsado por acciones de fiscalización más rigurosas, en lugar de un crecimiento económico subyacente. Sin reformas estructurales que fortalezcan la recaudación, la dependencia de medidas fiscales podría acentuar las vulnerabilidades en el futuro.
Frente a esta realidad, México Evalúa propone una serie de recomendaciones fundamentales: promover el crecimiento sostenible de la economía, mejorar la gobernanza en la fiscalización, y dejar de lado el uso improductivo de la deuda pública. También sugieren condicionar los subsidios a Pemex, cuya dependencia ha impactado negativamente las finanzas.
Las proyecciones económicas realizadas por BBVA México sugieren un leve crecimiento del 1.8% para 2026 y un 2.0% para 2027. Sin embargo, la persistencia en la presión del gasto público y la falta de una reforma fiscal son una sombra sobre este optimismo. De no contener el déficit en niveles manejables, el país se enfrenta a una posible pérdida de grado de inversión en 2030, lo que señalaría una crisis fiscal aún más profunda.
Así, el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum refleja una serie de desafíos inherentes a la gestión de las finanzas públicas. Para el futuro, la capacidad de la administración para navegar estas aguas turbulentas será fundamental no solo para la estabilidad económica, sino también para la confianza pública en las instituciones.
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