La oficina del ombudsman mexicano ha publicado este miércoles un informe muy crítico sobre su propia investigación del caso Ayotzinapa. Divulgado en 2018, el documento fue rechazado en su día por las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos. El grupo de expertos que la CIDH comisionó a México para investigar el caso y el equipo de peritos argentinos que ayudaron en partes de la investigación también lo censuraron, por oficialista, revictimizante y poco riguroso. Hoy, la propia institución, bajo una nueva administración, les ha dado la razón.
En poco menos de 500 páginas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desgrana las actuaciones de sus antecesores, lideradas por José Larrieta, antiguo funcionario de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). La oficina del ombudsman señala que el trabajo de Larrieta y su equipo presenta “deficiencias”, que además obviaron “la actuación de las Fuerzas Armadas” y que elaboraron dictámenes técnicos sin acudir al lugar de los hechos, entre otras críticas.
Presentada en su día como la gran investigación del caso Ayotzinapa, con más de 2.000 páginas y centenares de entrevistas, peritajes y diligencias de todo tipo, el informe de la vieja CNDH encalló por sus propias conclusiones, señalando que hasta 19 de los 43 estudiantes desaparecidos podrían haber sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Como prueba señalaban el hallazgo de 19 huesos del oído, las petrosas, que nunca se habían mandado a analizar. Los peritos argentinos, expertos desde hace décadas en escenarios forenses, siempre han defendido que todos los restos óseos de los que podría haberse obtenido material genético pasaron por el laboratorio.
El caso de las petrosas se juntaba a la valoración que la vieja CNDH hacía de las relaciones entre estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y grupos del crimen organizado de la región. Así, partes del viejo informe parecían una investigación de la criminalidad de los normalistas y no de sus atacantes. Al fin y al cabo, el contingente de estudiantes que aquel 26 de septiembre de 2014 se había desplazado a Iguala, fue atacado por un contubernio de criminales y autoridades y no al contrario.
El nuevo informe señala no solo errores de foco, sino negligencias difícilmente explicables. En el caso de la aplicación de los protocolos de Estambul, por ejemplo, los estudios que peritos practican para determinar si una persona ha sufrido tortura. Según el nuevo informe, los estudios de la vieja CNDH “no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas”.
En su día, la CNDH dijo que había estudiado 72 posibles casos de tortura a detenidos por el caso, durante los primeros meses de las investigaciones, dirigidas entonces por la PGR, ayudada por la Secretaría de Marina. La oficina del Ombudsman determinó que solo en ocho de los 72 podía probarse la tortura. Sus pesquisas quedaron en evidencia tiempo después cuando trascendió el vídeo de uno de los detenidos, Carlos Canto, siendo torturado por personal de la PGR. En el caso de Canto, la CNDH determinó que no había habido tortura.
La nueva administración señala más errores u omisiones: “No hubo un enfoque diferencial y especializado, al momento de redactar la recomendación y en especial al momento de brindar atención a las víctimas, dado que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas que habitan el estado de Guerrero”. Además, “no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos, y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes. Y también que “se actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos”. El documento concluye: “El contexto se utilizó para criminalizar y estigmatizar a los estudiantes y la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.”
En el caso de las Fuerzas Armadas, la oficina del Ombudsman insiste en lo que han repetido las familias de los 43 estos años y, más recientemente, el grupo de expertos de la CIDH, que presentó su último informe del caso hace apenas unas semanas: El Ejército debe colaborar con la investigación de manera total.
Se debe “conocer a fondo la intervención del Ejército en el caso Iguala. Es un tema toral para llegar a la verdad de estos lamentables acontecimientos, ya que a la fecha persisten las dudas sobre el grado de participación del personal militar en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, por lo que se requiere una profunda y exhaustiva investigación por parte de las autoridades de procuración de justicia y una comprometida colaboración de la SEDENA”, reza el texto.
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