La situación en los centros penitenciarios de México sigue siendo motivo de preocupación, especialmente en lo que respecta a la atención médica de internos con enfermedades graves. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho eco de esta realidad al emitir la Recomendación 003/2026, en la cual se solicitó la reparación integral del daño a los familiares de un interno que, desafortunadamente, falleció en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 14 en Durango, tras una serie de deficiencias en su atención médica.
El caso en cuestión gira alrededor de un interno diagnosticado en marzo de 2020 con la bacteria Helicobacter pylori. A pesar de la gravedad de su condición, recibió un tratamiento inadecuado y careció de seguimiento médico adecuado dentro del penal, lo que llevó a un deterioro significativo en su salud, culminando en un diagnóstico de cáncer gástrico en fase terminal. Lamentablemente, el interno falleció el 10 de septiembre de 2022.
La investigación de la CNDH reveló que el diagnóstico no solo fue tardío, sino que hubo un abrumador déficit en el manejo clínico, a pesar de que el individuo fue visto por al menos cinco médicos penitenciarios. Además, se constató la falta de notas clínicas entre abril de 2021 y febrero de 2022, lo que evidencia un alarmante vacío en el seguimiento médico durante un periodo crítico de casi un año.
La situación se agrava aún más al destacar que el interno, debido a la escasa atención proporcionada, tuvo que recurrir a un médico particular para recibir el diagnóstico adecuado. Durante su estancia en el área médica del penal, también se reportó que no se le suministraron medicamentos debido a problemas de desabasto y que la autoridad penitenciaria no pudo garantizar la supervisión periódica ni el acceso a cuidados paliativos y apoyo psicológico, elementos fundamentales para aliviar el sufrimiento asociado con una enfermedad terminal.
Frente a esta serie de violaciones a los derechos humanos —que afectan tanto a la protección de la salud como a la vida digna de las personas privadas de la libertad—, la CNDH ha instado al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) a garantizar no solo la reparación del daño a los familiares de la víctima, sino también a implementar una serie de medidas estructurales. Entre estas, se incluye ofrecer atención psicológica y tanatológica a las víctimas indirectas y capacitar al personal del penal, especialmente al área médica, en temas relacionados con el trato digno y la no discriminación hacia internos con enfermedades terminales.
Además, la recomendación sugiere la creación de equipos multidisciplinarios que puedan formular rutas de atención médica integral y paliativa para internos en fase terminal, asegurando que estos casos sean debidamente discutidos en sesiones colegiadas que analicen la relevancia médica de los asuntos dentro de los centros penitenciarios federales.
Este llamado a la acción pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar las condiciones de salud y atención médica en los centros de detención del país, resaltando que la dignidad y el respeto a los derechos humanos son indispensables, sin importar el estatus legal de una persona. La implementación de estas recomendaciones podría marcar un cambio significativo en la atención que reciben miles de internos en situaciones vulnerables, sentando las bases para un sistema penitenciario más justo y humano en México.
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