El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tomó una decisión de gran relevancia al cerrar el caso que pesaba sobre Google, en el que se le acusaba de prácticas de abuso de poder en el ámbito de la publicidad digital en México. Tras un exhaustivo proceso que se extendió a lo largo de casi cinco años desde su inicio el 10 de agosto de 2020, el organismo antimonopolios determinó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar a la compañía por violaciones a la ley.
Este caso, que captó la atención tanto del sector tecnológico como del público en general, se formalizó tras la investigación que condujo la Autoridad Investigadora de la Cofece (AI), la cual se concluyó el 21 de junio de 2023. A partir de ese momento, la Cofece comenzó a seguir el proceso que culminó en el juicio, donde Google se enfrentó a acusaciones de haber incurrido en prácticas monopólicas relativas, específicamente a través de ventas atadas. Esto implicaba que la empresa condicionaba la compra de un servicio publicitario a la adquisición de otro, lo que podría afectar a sus competidores en el ecosistema digital.
La investigación se centró en los servicios de publicidad de Google en su página de búsqueda y en otros sitios web. Sin embargo, al examinar la evidencia y la defensa de Google, el Pleno de la Cofece concluyó que los usuarios tenían la libertad de contratar publicidad en el buscador sin la necesidad de adquirir también publicidad en páginas de terceros. Se determinó que las decisiones de los anunciantes eran voluntarias y estratégicas, lo que llevó a la Cofece a descartar la existencia de una práctica de venta atada.
De los siete miembros del pleno, solo cinco participaron en la votación, ya que la comisionada presidenta y otro comisionado se excusaron debido a conflictos de interés.
Este resultado fue significativo, ya que de haber sido hallada culpable, Google podría haber enfrentado una multa que ascendía hasta el 8% de sus ingresos. El caso fue visto como uno de los más relevantes en la historia reciente de la Cofece, especialmente en un contexto donde la empresa se ha enfrentado a acusaciones similares en otras jurisdicciones.
El desenlace de esta investigación es particularmente notable, ya que ocurre en momentos en que la Cofece se prepara para disolverse, en cumplimiento de una reforma constitucional que transformará la estructura de varias entidades autónomas del Estado mexicano. Este cambio en la regulación plantea interrogantes sobre el futuro de la supervisión antimonopolio en el país y cómo va a afectar a las grandes corporaciones tecnológicas.
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