Por Carlos Aguilera Rue
En la explanada del zócalo de Cuernavaca, Morelos, integrantes del colectivo LGBTTTIQ+, activistas y de organizaciones de la sociedad civil lanzaron un “grito de justicia” por la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Herrera, ocurrido el pasado 13 de noviembre en Aguascalientes, quienes además pidieron la renuncia inmediata del fiscal General del Estado de aquella entidad, Jesús Figueroa Ortega.
Desde temprana hora, miembros de diferentes colectivos con representación en Morelos, se reunieron a las afueras del Palacio de Gobierno en el estado de Morelos, para rechazar la versión y las declaraciones del fiscal general sobre un “crimen pasional”, ya que, agregaron ese tipo de crimen no existe y por otro lado ha sido la salida rápida que históricamente han dicho para evitar investigar casos, dar carpetazos o proteger a autores materiales e intelectuales de atroces crímenes.
En este sentido, pidieron la renuncia inmediata del fiscal General del Estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, “por no respetar el debido proceso, adelantarse para dar declaraciones apresuradas sin sustento y la filtración de fotografías del magistrade; además a la gobernadora de aquella entidad, María Teresa Jiménez Esquivel, le recordaron que aún no se ha resuelto el asesinato de Ulises Nava, otro activista asesinado en julio pasado y hoy pretende no hacer justicia para Ociel y Dorian.
Asimismo, le exigieron a la gobernadora de Aguascalientes rinda un informe sobre la escolta que la había proporcionado el estado. De igual, forma a la Fiscalía General de la República(FGR) le solicitaron la atracción del caso y que realice una investigación exhaustiva bajo la perspectiva de diversidad sexual, perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, agotando las líneas del hecho de que era una personas muy visible.
De igual forma, indicaron que deben abrirse los expedientes de investigación para aquellas personas que el magistrade denunció pública o legalmente, por discursos de odio y amenazas; conminaron a las autoridades a realizar investigaciones adicionales e independientes a la de la FGR, con la finalidad de reparar a las familias, la pésima actuación de la fiscalía de aquel estado.
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