La Registraduría Nacional de Colombia ha cancelado 43.000 cédulas a migrantes hijos de colombianos que se nacionalizaron desde 2014. El registrador Alexander Vega argumentó que se anularon al hacer una depuración para el censo electoral y que hallaron aparentes irregularidades, como falsedades, adulteraciones o falsos testigos.
“Se revisaron un poco más de 300.000 registros civiles, con su respectiva cédula, de venezolanos que ingresaron desde el 2014 a la fecha a Colombia aduciendo que tenían padres colombianos para la nacionalidad”, explicó a medios locales.
Gabriela Arenas, directora de la fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y el pensamiento (TAAP) y venezolana a la que también le cancelaron la cédula, dice que ha reunido 5.000 casos en los que se trata de “errores procedimentales y administrativos”. “Hay casos como el de una familia de cinco hermanos que presentaron los mismos testigos y le cancelaron la cédula solo a uno de ellos, gente a la que le anularon el documento por errores cometidos en las registradurías, números de seriales incorrectos o falta de número de folio, temas así”, explica.
Más información
El problema es que ante la ausencia de la cédula muchos venezolanos han sido detenidos en la calle, hay pacientes oncológicos que no han podido recibir tratamiento médico y empresarios que tienen bloqueados sus negocios, señala Arenas, que se ha reunido con funcionarios de la Registraduría y ya ha vuelto a presentar todos sus documentos.
Rodrigo Pérez, director nacional de registro civil de la Registraduría dijo a este diario que después de un análisis de seis meses con un grupo de 450 personas, encontraron que 43.000 casos tenían diferentes problemas, como apostillas con vacías o inválidas. “La única posibilidad que tienen es una nueva inscripción que cumpla con los requisitos legales”, ha respondido a este diario
Algunos de los venezolanos están volviendo a hacer la documentación, pero se quejan de que apostillar documentos en su país es imposible y se encuentran en un callejón sin salida. “La inmensa mayoría de las personas no puede volver a Venezuela, muchos fueron expulsados por persecuciones del régimen de Nicolás Maduro; otros no tienen la posibilidad económica de volver y aunque volvieran no podrían hacer el trámite de apostilla”, añade Gabriela Arenas, que recuerda que había un decreto que eximía a los migrantes de apostillar esos documentos.
El caso ha generado un total desconcierto. El Gobierno de Iván Duque ha apostado durante su mandato por la regularización de 1,7 millones de venezolanos en Colombia, con la creación de un estatuto temporal de protección, que tendrá una vigencia de diez años. Un gesto que fue aplaudido internacionalmente para acoger a la creciente migración venezolana.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook y Twitter, o visitar nuestra pagina oficial.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
