El presidente Iván Duque lucía satisfecho. El ejército acababa de capturar a Otoniel, el líder del clan del Golfo, una estructura paramilitar dedicada al narcotráfico. Duque, que no destaca por ser contenido, comparó esta detención con la muerte de Pablo Escobar y aseguró que este golpe marcaba “el final” del grupo armado. La realidad, sin embargo, ha sido bien distinta. El clan del Golfo ha paralizado estos días algunas partes del país en respuesta a la extradición de Otoniel a Estados Unidos, en un claro pulso al Gobierno. Las imágenes de negocios cerrados, calles desiertas y coches quemados en muchos puntos de la nación dan una idea del enorme poder de este cartel que se financia con la venta de droga a las mafias mexicanas. Colombia es el primer país productor de cocaína en el mundo.
Duque se lo ha tomado casi como algo personal. En una intervención en televisión anunció el aumento de la recompensa por Chiquito Malo y Siopas, los dos sucesores de Otoniel. Los quiere vivos o muertos. Ellos han comandado esta ofensiva que, según los analistas en seguridad, demuestra una vez más que el Estado no tiene el control de una parte de su territorio. Las zonas más afectadas se sitúan en el norte del país, en Antioquia, Sucre, Córdoba, Chocó, Bolívar y la Guajira. Los habitantes de estas regiones están acostumbradas a convivir con estas células criminales que cobran peajes en la carretera o impuestos a los negocios. Su control ahí, sobre todo en los corredores por donde transita la droga, es casi absoluto.
El paro armado acaba esta medianoche, después de cuatro días intensos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transnacional que juzga a los responsables de los crímenes de la guerra en Colombia después del acuerdo de paz, informó de que dos regiones completas quedaron inmovilizadas, La Guajira y el Chocó. En el 16% de municipios de los municipios de todo Columna Digital se perpetró alguna acción en favor del clan, un dato estremecedor. Muchos han descubierto estos días la capacidad de movilización de una organización que llena los territorios que controla con tres letras: AGC. Son las iniciales de otro de sus nombres, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en dudoso homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, un político de izquierdas muy popular asesinado en 1948. Los descendientes de Gaitán le pidieron al clan que dejara de usurpar su nombre, sin ningún éxito, como es evidente.
Las autoridades colombianas trataron de impedir la desmovilización. El ministro de Defensa, Diego Molano, dio orden de que se combatiera a los delincuentes que intimidaran a la población. La policía ha detenido a 92 personas implicadas en actos de este tipo. La JEP dijo que en estos cuatro días habían sido asesinadas 26 personas, entre ellas dos policías. Hubo otros 37 intentos de homicidio, a civiles y fuerza pública. Las imágenes más espectaculares las consiguieron los insurrectos con la quema de 118 coches y el paro de 54 medios de transporte.
Otoniel fue detenido en noviembre de 2021, después de una persecución intensa por la selva que colinda con Panamá. Sus abogados sostienen que fue una entrega pactada. Las autoridades lo niegan y argumentan que fue su escolta personal quien lo abandonó y lo dejó a merced de sus captores. Sea como sea, su aprehensión abrió un nuevo debate en Colombia.
Las AGC emitieron un comunicado a última hora del domingo para anunciar el fin del bloqueo. En ese texto que se ha distribuido por redes sociales aseguran que su intención era demostrarle al Gobierno su capacidad política y militar. No es fácil medir el poder y el impacto de una organización clandestina como esta, pero lo que es seguro es que no estaban al borde de la extinción. O, si lo estaban, han disimulado muy bien. En plena campaña electoral han logrado captar toda la atención del país.
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