Los datos son alarmantes, y proceden de un informe elaborado por varias agencias de Naciones Unidas. En Colombia se casaron en 2020 más de 400.000 niñas y adolescentes, algunas con solo 10 años y generalmente con hombres mayores que ellas —entre seis y diez años de media—. Una de cada cinco jóvenes de entre 15 y 19 años se casó ese año: podían hacerlo, pues el Código Civil permite casarse a las que han cumplido 14 con la autorización de sus padres o tutores legales. Pero es lo que hicieron también una de cada 50 niñas de entre 10 y 14 años, lo que según los cálculos vendrían a ser 32.000 menores. Además, más de un millón de niñas y adolescentes fueron madres entre 2010 y 2020.
Colombia es uno de los seis países de América Latina y el Caribe —junto con Argentina, Cuba, Guyana, Angula y Saint Kitts and Nevis— que permite el matrimonio infantil antes de los 16 años. Y pese a que varios proyectos de ley han buscado eliminar esa práctica en los últimos años, todos han sido archivados. Unicef explicó, en la presentación del informe, que algunos parlamentarios sostuvieron su rechazo amparándose en la “libertad para discernir” de las adolescentes.
Este argumento da por hecho que todas las niñas tienen las mismas libertades para decidir, algo muy alejado de la realidad en la región más desigual del mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha reconocido que el matrimonio infantil y las uniones tempranas son “fenómenos complejos” relacionados con muchos otros factores como la desigualdad de género, la violencia, la pobreza, el abandono escolar o las “políticas inadecuadas o insuficientes”. Esto hace que estas prácticas afecten desproporcionadamente a niñas y adolescentes de zonas rurales, comunidades indígenas, hogares en situación de pobreza y con un menor nivel de acceso a la educación.
Como demuestran los datos de los matrimonios de las menores de 14 años en Colombia, la prohibición no garantiza la erradicación del problema, pero sí da herramientas a las niñas y sus comunidades para luchar cuando sientan que se está cometiendo un abuso. Es urgente que el Congreso colombiano impulse una ley que elimine del Código Civil la excepción que permite a las menores de edad casarse con la autorización de sus padres y que el Gobierno de Gustavo Petro se pronuncie sobre esta práctica que va en contra de los estándares internacionales.
El nuevo presidente tendrá la oportunidad de hacerlo a través del Ministerio de la Igualdad, que liderará su vicepresidenta, Francia Márquez, impulsando políticas de educación y prevención del matrimonio infantil y uniones tempranas. Eso les garantizaría, especialmente a las niñas y adolescentes más desfavorecidas, que hay leyes y programas que, al menos sobre el papel, están velando por ellas.
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