El 21 de febrero de 2022 será recordado como un día histórico para la lucha feminista en Colombia. La despenalización del aborto por la Corte Constitucional hasta la semana 24 de gestación es un gesto sin precedentes para el reconocimiento material de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Es también un hito en América Latina, pues es el primer país en autorizar el procedimiento en esa altura del embarazo.
Lo que hoy ocurrió se siente concomitantemente como el final y el principio de una lucha. La decisión de la Corte es apenas una promesa de igualdad, pues esta despenalización parcial no representa ni la garantía para poder interrumpir embarazos, ni el fin de los abortos, es ante todo un símbolo, uno que merecíamos hace siglos.
Las mujeres colombianas debemos este avance discursivo a la Corte Constitucional, garante de los derechos de las minorías y sectores discriminados de la sociedad. Ha sido en este alto tribunal donde se han concretado los más importantes progresos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, orientación sexual y en general libertades civiles de la población. La Corte, como ninguna otra institución colombiana, ha sabido materializar la promesa de igualdad de la Carta de 1991.
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El triunfo es también gracias al esfuerzo persistente de generaciones enteras de feministas que han dedicado sus vidas a la lucha por la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. La demanda que produjo esta decisión la presentó el movimiento Causa Justa, que reúne a las más preparadas e incansables activistas que supieron dar los argumentos y movilizar el debate para enfocar el problema del aborto como lo que es: un asunto de salud pública que se debe resolver con educación sexual y servicios médicos integrales, pero no por medio de la prohibición.
El pronunciamiento dividirá el panorama electoral colombiano, como lo hizo en el seno de la propia Corte en donde se transitó un arduo camino de impedimentos, recusaciones y conjueces para conseguir los 5 votos que hicieron mayoría. Los partidos que se nutren del uso político de la fe la usarán para sacudir a sus electorados. Esas voces ya han salido en defensa del derecho a la vida –no la de las mujeres sino la de los fetos por nacer– jurando por Dios que harán referendos para que sean las mayorías y no la Constitución quienes rijan los destinos reproductivos de las mujeres.
La Iglesia católica no se hizo esperar y pronto salió Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana a anunciar en tono de “yo me mando” que ellos seguirán “defendiendo la vida humana desde la gestación”. Lo bueno es que podrán seguir haciéndolo, pues la interrupción voluntaria del embarazo puede coexistir pacíficamente con otras garantías como la libertad de cultos.
Los sectores antiderechos piden a gritos que se revise el fallo. Se enardecerán las críticas contra las cortes, los jueces, las feministas. El debate público se polarizará y extremará aún más, como ya se evidencia unas cuantas horas tras la publicación del comunicado.
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Y, como ocurrió después de la decisión del 2006, cuando la Corte avaló el aborto en tres causales -inviabilidad del feto, riesgo a la salud mental o física de la mujer o violación-, seguirán existiendo barreras estructurales para que quienes desean abortar puedan hacerlo. El abuso de la objeción de conciencia por médicos y hospitales, la falta de educación sexual, la violencia intrafamiliar, la pobreza, y tantas otras situaciones de facto que conducen al entorpecimiento material de esta garantía.
El aborto es la lucha más radical del feminismo, es la conquista más poderosa, la que reconoce que en el cuerpo de la mujer yace la promesa de permanencia de la raza humana y que somos nosotras las llamadas a decidir cuándo y cómo ser madres. Es apenas normal que en un país conservador y católico como es Colombia, esta decisión parta aguas y nos falten décadas para que este discurso tenga efectos materiales sustanciales.
Pero ese símbolo es absolutamente trascendental para avanzar la causa, esta causa justa. Es un gesto que impide que la Fiscalía ocupe sus pocos recursos en una mujer pobre que no quiere ni puede cuidar más hijos y que enfrenta un embarazo que nunca deseó. Es también un triunfo del Estado laico, que invita a que las leyes las rija la Constitución y no la Biblia. Es el camino para muchas otras conquistas feministas en Colombia, una trocha que hoy empieza a pavimentarse.
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