Emilio Archila, consejero para la Estabilización, ha sido el encargado de implementar el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC desde el comienzo del Gobierno de Iván Duque, un crítico de la negociación que selló su antecesor, Juan Manuel Santos. En el despacho de Archila (Bogotá, 57 años) en la Casa de Nariño, el palacio presidencial, cuelga un enorme mapa de Colombia.
Las 16 zonas marcadas con distintos tonos de azul, rosado y violeta son las regiones en las que se desarrollan los programas de desarrollo con enfoque territorial, o PDET, como se conocen los planes de inversión del Gobierno para los lugares más golpeados por un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado nueve millones de víctimas. “En los puntos rojos quedan los antiguos espacios territoriales, pero hay un par que hemos movido”, explica el comienzo de esta entrevista con Columna Digital sobre los sitios donde los excombatientes se concentraron para dejar los fusiles y hacer su tránsito a la vida civil.
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Pregunta. ¿La implementación del acuerdo de paz ha avanzado al ritmo que le hubiera gustado en estos tres años?
Respuesta. No, ha avanzado aún más. En prácticamente todos los frentes el nivel de logros ha sido mayor al que yo había anticipado.
P. La pandemia ralentizó la implementación, ¿da por superados los retrasos que pueda haber implicado?
R. El Gobierno hizo un esfuerzo muy grande para que la pandemia no nos desviara sustancialmente de lo que teníamos planeado. Iniciando la pandemia al ministro [de Hacienda] Alberto Carrasquilla le hicieron una citación al Congreso, y expresó que no iba a haber una desviación de los recursos asignados a los planes de la implementación. Eso se cumplió. Lo que sí hubo fue un gran cuidado con las poblaciones.
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P. Usted ha dicho que “la paz se hace en el territorio, no en el escritorio”. Hizo más de un centenar de viajes en 2019. ¿Ha podido retomar ese ritmo de visitas a los lugares donde se implementan los acuerdos?
R. Igual, no solamente lo hemos retomado, sino que nos estamos poniendo al día. Estamos saliendo por lo menos tres días a la semana, y visitamos cuatro territorios a la semana.
P. ¿Los excombatientes siguen comprometidos con el acuerdo de paz?
R. Sí. Hay muchas formas de medir esto. La manera más cruda es que prácticamente ninguno ha vuelto [a las armas] a pesar de las invitaciones y las amenazas de parte de los grupos criminales para ir a narcotraficar. Prácticamente la totalidad siguen en el registro, más del 75% ven su propio futuro con optimismo. Entonces la respuesta es sí, siguen muy comprometidos.
P. El partido Comunes, surgido de las extintas FARC, alega incumplimientos, y el Estado ha sido incapaz de detener el asesinato de excombatientes y líderes sociales. ¿La seguridad es el principal obstáculo para avanzar a mejor ritmo y generar más confianza?
R. Comunes es un partido de oposición, y así se declararon desde el comienzo. Eso no es ni bueno ni malo, solo es una condición que hay que tener en cuenta. La implementación, para pensarlo esquemáticamente, involucra las garantías jurídicas, el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Implica garantías políticas, que el partido Comunes esté en el Congreso y haya participado en las elecciones.
Quiere decir todo el apoyo para las víctimas, nuestros programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, así como la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial para 170 municipios, eso es la tercera parte del territorio de Colombia. Quiere decir el programa de reincorporación con 13.000 excombatientes y sus familias. También el desarrollo rural integral. ¿La violencia nos ha afectado en todos esos frentes? Sí, pero nunca pudo haber sido de una manera distinta.
