El ministro de Interior de Colombia, Alfonso Prada, presentó el martes ante el Congreso un proyecto de ley que define a la paz como política de Estado, uno de los preceptos enmarcados en el Gobierno de Gustavo Petro.
El proyecto de ley “Política de Paz del Estado” adiciona y prorroga la ley 418 de 1997 y sienta las bases para la búsqueda de la paz total, una pauta impuesta por el presidente Gustavo Petro.
Desde su llegada a la Presidencia, Petro insiste en impulsar una “paz total”, una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.
El primer punto del proyecto destaca que la paz será una política de Estado. La ley añade un artículo que obligará a todos los niveles del poder público a “la convivencia pacífica, la protección de derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades”.
La ley también facultará a los alcaldes para que puedan llevar a cabo diálogos humanitarios con grupos ilegales que se encuentren operando en las zonas donde gobiernan. Se tiene por objetivo regionalizar la política de paz para atender los territorios con mayores índices de violencia. Se designará a un Alto Comisionado para la Paz y será responsable de elegir delegados locales y serán ubicados en nueve zonas previamente ya seleccionadas.
En estas zonas de distensión, el gobierno podrá acordar con miembros representantes de los grupos armados la suspensión de las ejecuciones de ordenes de captura, incluidas las de extradición, contra los líderes y los demás miembros del grupo organizado, al margen de la ley.
e creará el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar, donde los miembros desmovilizados de los grupos delictivos podrán realizar un servicio de 12 meses y serán remunerados.
El plan para estos servicios incluye ofrecer la alfabetización digital de zonas rurales o urbanas, trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, promover la política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, además de la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
Por el momento, el gobierno solo ha avanzado en retomar las negociaciones con el ELN, aunque Petro asegura que ha recibido cartas de todos los grupos, menos de los Comandos de la Frontera -un grupo de disidencias que opera en la región fronteriza con Ecuador-, pero ha subrayado que por el momento son simples misivas y no sabe lo sinceras que son.
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