Acaba de comenzar el año y Colombia ya ha registrado la primera masacre, una más en la espiral de violencia que nunca termina: cuatro personas fueron asesinadas en el nordeste del país en la noche del primero de enero. La Policía ha informado que desconoce los móviles del múltiple asesinato, pero que ha comenzado a investigar. El presidente Gustavo Petro cerró el 2022 anunciando un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, pero la dicha solo duró horas.
Cerca de las ocho de la noche, dos sicarios llegaron en motocicleta al establecimiento conocido como El Pentágono, ubicado entre los municipios Río de Oro (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander). Los hombres entraron al lugar, pidieron cervezas y se sentaron en una de las mesas como dos clientes más de la taberna. Minutos después se levantaron y asesinaron con arma de fuego a Rodrigo Meza y Edward Vacca. Según la Policía, los únicos testigos fueron dos niños que se escondieron debajo de las mesas al escuchar la ráfaga de disparos. Una vez cayeron tendidas en el piso de tierra, los sicarios se dirigieron contra las parejas de las víctimas. Sacaron armas blancas y las hirieron en el abdomen. Marlen Villamizar Rozo y Mildred Ortiz Pérez murieron en el hospital. Ubicado sobre la carretera, el sitio donde ocurrieron los hechos está construido de techo de zinc, paredes de madera y columnas y cercas de guaduas. La casa más cercana está a 200 metros. El lugar permanece acordonado con cintas amarillas de seguridad.
Aunque se desconoce la identidad de los asesinos, el coronel Luis León, comandante de la Policía del Cesar, dijo a Columna Digital que como hipótesis del asesinato han planteado delincuencia común por rentas criminales o por estupefacientes. Por las características cree que fue una acción propia de sicariato y no de grupos armados organizados. En la zona donde ocurrió la masacre opera el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las FARC y grupos de delincuencia común. Cerca de Río de Oro y Ocaña está la región del Catatumbo, apetecida por mafias criminales y carteles sedientos de la producción de cocaína.
Está tan naturalizada la violencia en Colombia que se habla de la “primera masacre” ocurrida en el año porque está implícito que continuarán. Al terminar el 2022, Indepaz (Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz) contabilizó 94 masacres (la primera de ellas se presentó el 3 de enero); en 2021, fueron 95. Indepaz es una ONG que lleva el registro día a día del número de asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz.
En Colombia no solo hay un fenómeno de 60 años de conflicto armado, sino un eterno ciclo de violencia común y delincuencial. Las masacres han sido históricamente un método de amedrentamiento y retaliación. La mayoría de víctimas casi siempre son pobres, de zonas rurales donde el Estado no hace presencia, lo que perpetúa la impunidad.
El estatal Centro Nacional de Memoria Histórica (encargado de preservar la memoria del conflicto interno) ha registrado 4.237 masacres entre 1958 y 2019. La mayor parte de ellas ocurrió entre 1998 y 2002, con 1.620 masacres. Las masacres se han presentado en el 62 % de los municipios del país y han cobrado la vida de 24.600 personas.
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Camilo González Posso, director de Indepaz, asegura que las masacres tienen la connotación de estar articuladas con dinámicas regionales de violencias. “No es un hecho casual, sino que hay unas circunstancias de un ambiente violento en el territorio donde ocurre”, explica. González advierte que actualmente más de la mitad de las masacres ocurre por actores de delincuencia común y retaliaciones y que alrededor del 40% pueden atribuírsele a grupos armados organizados, como algunos de los que ahora han entrado a negociar en la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.
El primer paso para lograr la paz total ha sido el anuncio del cese bilateral al fuego por seis meses con cinco grupos armados: el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), las Autodefensas de la Sierra Nevada, y la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC). Aunque no todos los grupos armados son de naturaleza política, el Gobierno dialogará con ellos para aplicar a fondo y rápido la anhelada paz, eje y proyecto de muchos presidentes como Juan Manuel Santos, que logró el acuerdo de paz con las FARC.
El representante del Congreso Alirio Uribe hace parte de la comisión de paz de la Cámara. Considera que el Gobierno deberá definir cuál será el alcance del cese de hostilidades: si incluye el secuestro y la extorsión o solo se limita a enfrentamientos armados. “Normalmente los grupos no pactan cesar todo hasta que no haya un avance fuerte, porque ¿de qué viven los grupos armados para sostener las tropas y la movilidad? Todo eso vale dinero”. Por ahora, el gobierno la verificación del cese biliteral al fuego está a cargo de la ONU, la OEA, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal. Cada vez que ocurra un hecho violento o una masacre tendrán que verificar si los grupos armados violaron lo acordado.
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