El estado de Columbia Británica, en Canadá, ha emprendido acciones legales contra OpenAI en Estados Unidos, en relación con un trágico tiroteo escolar que dejó ocho víctimas mortales en Tumbler Ridge. La fiscal general de la provincia, Niki Sharma, anunció esta demanda en julio de 2026, al afirmar que la empresa de inteligencia artificial no alertó sobre comportamientos violentos relacionados con el autor del ataque.
La demanda sostiene que OpenAI tenía conocimiento de la situación alarmante en una cuenta de redes sociales asociada al perpetrador, un joven transgénero de 18 años, pero no tomó medidas para informar a las autoridades. Esta denuncia puntualiza que la falta de acción de la compañía ha traído consecuencias devastadoras para la comunidad. Según Sharma, el objetivo es exigir responsabilidades a OpenAI y lograr que cambie su forma de operar en el futuro.
Coincidiendo con esta acción legal, las familias de las víctimas también han presentado demandas individuales contra OpenAI en California, lo que subraya la creciente presión sobre la empresa de tecnología debido a este caso. OpenAI ha rechazado las reclamaciones, argumentando que cualquier acción legal relacionada con el tiroteo debería ser procesada en Colombia Británica, no en California.
Al ser cuestionada sobre la decisión de presentar la demanda en Estados Unidos, Sharma respondió que la responsabilidad de alertar se encontraba en manos de OpenAI, señalando que la omitida denuncia sobre la cuenta del tirador se produjo en el estado californiano. En su defensa, Sam Altman, CEO de OpenAI, admitió en abril que lamentaba no haber advertido a las autoridades sobre la cuenta, realmente suspendida en junio de 2025, y afirmó que en el momento de la suspensión no había evidencia de un ataque inminente.
Con la intención de abordar este tipo de situaciones en el futuro, Altman indicó que, con las directrices de seguridad actualizadas en junio de 2025, la cuenta habría sido denunciada a la policía. Este caso no solo pone en tensión a OpenAI, sino que también plantea cuestiones más amplias sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales y de inteligencia artificial en situaciones que pueden comprometer la seguridad pública.
Las acciones legales en curso y la atención mediática creciente en torno a este incidente resaltan la importancia de establecer protocolos más eficaces en la comunicación de comportamientos riesgosos. A medida que el panorama de la tecnología continúa evolucionando, la intersección entre la innovación y la responsabilidad social se vuelve cada vez más crucial.
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