En un giro significativo de la legislación en México, a partir del 1 de enero de 2026, se implementará un registro obligatorio de celulares, con un plazo máximo hasta el 30 de junio del mismo año para cumplir con este trámite. A pesar de su objetivo declarado de combatir la extorsión, un problema en aumento que utiliza la tecnología móvil como herramienta principal, esta normativa ha generado preocupaciones y oportunidades inesperadas en el mercado negro.
Un reciente informe de Fuerza Informativa Azteca revela la proliferación de chips de telefonía móvil que ya están a la venta en el mercado ilícito. Estos chips, que son ofrecidos sin ningún tipo de trámite, ni verificación de identidad, se comercializan como “listos y activos” en plataformas como Marketplace de Facebook. Los precios varían, comenzando desde los 27 pesos hasta alcanzar mil pesos, según el vendedor y las funciones prometidas que incluyen llamadas, mensajes y acceso a redes sociales.
La entrega de estos chips se realiza en lugares estratégicos como las estaciones del Metro en Ciudad de México, así como en puntos de encuentro en el Estado de México y Puebla, facilitando aún más su acceso. Además, se ha detectado que algunos vendedores ofrecen registrar números utilizando documentación falsa, como CURP y credenciales que pueden no corresponder a la realidad.
Ante esta situación, la respuesta del Gobierno ha sido notablemente silenciosa, lo que genera inquietud sobre cómo se gestionarán las implicaciones de vincular las cuentas a sus propietarios reales. La ley, aunque busca controlar la delincuencia, ha dejado una puerta abierta a la evasión y al conflicto.
Este registro, que parte de una estrategia para combatir el creciente problema de la extorsión asociado al uso de teléfonos móviles, ha sido calificado como una medida apresurada. A medida que se acercan las fechas límite establecidas para el registro, se hace evidente una desconexión entre los objetivos de la legislación y la realidad del mercado, donde se producen estas transacciones ilícitas.
Es crucial que el Gobierno aborde este desafío no solo con la implementación de la ley, sino también con soluciones que aseguren que la vinculación de las líneas telefónicas a sus propietarios sea efectiva y segura, evitando así que la finalidad de la norma se vea socavada por prácticas ilícitas. El tiempo dirá si esta estrategia logrará su objetivo o si, por el contrario, abrirá más brechas en un contexto ya complicado.
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