Regresamos el tiempo en el ataque del principal aeropuerto de Bruselas y una estación de metro que dejó 32 muertos, cientos de heridos y un país que no sabe bien cómo gestionar ahora, casi siete años después, vuelve un proceso el cual hace recordar el dolor y la impunidad que se vivió y sin ofrecer a cambio un verdadero consuelo o saciar la sed de justicia: la mayoría de los acusados ya han sido condenados a duras penas en Francia por los atentados previos de París en noviembre de 2015.
Manuel Martínez, resultó herido por una de las bombas detonadas en la sala de embarque del aeropuerto de Zaventem, ha decidido que no estará en la sala cuando la presidenta del tribunal, Laurence Massart, dé comienzo este lunes oficialmente a las audiencias de un megaproceso sin precedentes: Se estima que durará entre seis y nueve meses, hay cientos de víctimas como acusación, decenas de abogados, 12 miembros del jurado y otros 24 de reemplazo, así como nueve acusados sentados en el banquillo. El décimo, Usama Atar, presunto cerebro de los ataques, será juzgado en ausencia, ya que las autoridades belgas no han podido certificar su muerte, anunciada por el ISIS en 2019. La Fiscalía no ha concretado las penas que pide para los procesados, a los que acusa de asesinato e intento de asesinato en un contexto de ataque terrorista. “Este juicio llega demasiado tarde. Ya no le interesa a nadie”, lamenta Martínez, un antiguo operario del aeropuerto de 43 años de origen dominicano. Una de las bombas le estalló a solo 25 metros de donde se encontraba esa mañana de marzo, destrozándole no solo una pierna, sino toda una vida que hasta entonces consideraba como feliz.
“El Estado belga se ha burlado por completo”, coincide Martínez. Pese a la gravedad de sus heridas físicas y psicológicas —lleva ya 42 operaciones para salvar la pierna izquierda, acude todos los días a sesiones de terapia y al psicólogo— solo recibió, como las demás víctimas, 12.000 euros para afrontar los gastos de abogados para un proceso que se prolonga ya casi siete años. La asociación, recuerda el diario La Libre, ha denunciado la eliminación del proyecto de crear un fondo de apoyo a los afectados financiado por el Estado. “¡Una burla!”, insiste Martínez. Sobre todo, apuntan las víctimas, cuando se compara su magro apoyo financiero con los inmensos gastos de este juicio que, según la prensa belga, costará más de 30 millones de euros, convirtiéndolo en el proceso más caro de la historia del país.
“Voy a ser sincero, a mí el juicio me da lo mismo. Es algo más político que otra cosa, porque el Estado se va a gastar tantos millones de euros cuando para las víctimas, que tenemos tantos problemas en la vida cotidiana, no han hecho prácticamente nada”, dice Martínez.
Pese al desánimo entre los que directamente sufrieron los atentados, el proceso que comienza este lunes marcará, durante los próximos meses, parte del ritmo de la vida de un país al que los ataques de 2016 obligaron a confrontar sus propios fantasmas. La mayor parte de los acusados son hombres jóvenes de origen inmigrante, pero nacidos o al menos educados en la propia Bélgica. De hecho, el juicio les queda a la mayoría cerca de casa: muchos proceden de Molenbeek, una comuna en el corazón de Bruselas de densa población inmigrante y considerado uno de los epicentros del yihadismo mundial por la alta cifra de jóvenes radicalizados que partieron a Siria a la llamada del Estado Islámico y luego regresaron para participar en atentados en Europa.
Entre los acusados más famosos que este lunes vuelven a sentarse en el banquillo está Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que el 13 de noviembre de 2015 provocaron en París la muerte de 130 personas. Se considera que su detención en Molenbeek, su barrio de la infancia, el 18 de marzo de 2016, precipitó los ataques suicidas perpetrados cuatro días más tarde en el aeropuerto y el metro de Bruselas.
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