Hasta 15.000 migrantes, en su mayoría haitianos, llegaron a hacinarse el fin de semana en un campamento improvisado bajo el puente internacional que une Ciudad Acuña (México) y Del Río (EE UU), una remota ciudad tejana de 36.000 habitantes desbordada por la situación. Acabaron allí atraídos por la desinformación sobre el sistema de acogida y guiados por los traficantes. Tras días de tensión, agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo reprimieron violentamente ante las cámaras nuevos intentos de cruzar el río. Las imágenes dan a entender que usaron fustas y bridas contra los migrantes en una especie de rodeo trágico para impedir a familias que huyeron del país más pobre de América pisar terreno estadounidense. Algunos llevaban niños en brazos.
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La Casa Blanca ha calificado de “horribles” las escenas. No es para menos. Se trata de un comportamiento impropio que mancha severamente las promesas de cambio de la actual Casa Blanca respecto a la gestión de la inmigración irregular, frente a la crueldad inaudita que practicaron sus antecesores. EE UU sigue dando la imagen de país hostil. La indignación de Washington no es suficiente. La Patrulla Fronteriza es un cuerpo federal. Aquí no hay republicanos a los que culpar. La anunciada investigación de los hechos debe desembocar en una reforma de una fuerza policial que opera con un inaceptable margen de discreción y falta de supervisión.
Las expresiones de condena no se han traducido en compasión hacia los haitianos. EE UU ha iniciado vuelos de deportación de Texas a Haití, un país que solo ofrece miseria y violencia. Hasta el martes, 523 migrantes habían sido deportados en avión y las autoridades han confirmado que seguirán más vuelos. Estas devoluciones en caliente antes de que los migrantes pidan asilo se hacen por medio de una excusa legal instaurada por Donald Trump que, a raíz de la pandemia, permite rechazar en frontera por riesgo sanitario. Biden la sigue usando. Pero deportar familias a un país como Haití “desafía el sentido común y la decencia”, criticó con acierto el demócrata Chuck Schumer. El legítimo objetivo de disuadir la inmigración irregular no se puede perseguir castigando a quienes llegan al final del viaje.
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No será la última crisis humana en una frontera que no entiende de presidentes. Ni siquiera es la primera protagonizada por haitianos. La gestión de la inmigración debe ir más allá de resolver unas imágenes de televisión incómodas y avanzar sobre las líneas propuestas por México, cuyas ciudades fronterizas al Norte y al Sur se están convirtiendo en cárceles al aire libre: un pacto migratorio internacional ambicioso basado en mayor inversión en los países de origen y en un sistema de visados de trabajo que agilice la migración económica. Biden tiene ese mandato de los votantes y, desde esta semana, un buen incentivo para actuar con decisión.
