Comisiones de Derechos Humanos de los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango exigen se refuerce la seguridad en las zonas limítrofes de tales entidades ya que grupos indígenas y vulnerables han quedado expuestos para a actos de violencia.
Entre Jalisco y Zacatecas, punto catalogado como ‘tierra de nadie’, han desaparecido seis personas indígenas wixaritaris, de las cuales cuatro ya fueron localizadas sin vida; mientras que en Nayarit la comunidad de wirrárikas viven en constante temor ante la presencia de grupos armados.
Ante esta situación, los defensores de los derechos humanos condenan este tipo de sucesos y lamentan las consecuencias.
“Como órganos constitucionales autónomos protectores de derechos humanos . desde nuestras respectivas competencias condenamos los lamentables hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre de 2021 en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, relacionado con la desaparición de seis personas indígenas wixaritari – entre ellas, dos menores de edad – originarias de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), municipio de Mezquitic, Jalisco, y de las cuales, desafortunadamente, cuatro han sido localizadas sin vida”, Expresó el organismo.
Grupos armados se movilizan en la zona
Los órganos de derechos humanos denuncian que las comunidad es de wixaritari y la población en general de Zacatecas se encuentran en una situación de riesgo por la presencia de grupos fuera de la ley los cuales han estado incrementando su presencia.
Solo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco lo ha hecho público en al menos cinco ocasiones anteriores durante los últimos dos años e incluso mucho antes de que se diera el caso de dos trabajadores de la Secretaría de Salud -el chofer de una ambulancia y un joven médico practicante- fueran secuestrados con todo y ambulancia, y asesinados.
En los límites de Nayarit también se ha denunciado la presencia de grupos armados que amedrentan a los pueblos originarios de la región.
Enfatizan llamado a las autoridades
Las Comisiones de Derechos Humanos de Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco, a través de un escrito hicieron “un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de seguridad pública federal, estatales y municipales para que de manera inmediata promuevan una coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno, que permitan restablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas que viven en esa región, bajo el entendimiento de que la protección de la ciudadanía por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de las instituciones, las leyes y los derechos humanos”.
Insistieron en que el derecho humano a garantizar la seguridad ciudadana es un tema de urgencia y de obligación del Estado el cual deberá garantizar su estabilidad en términos del artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“A las diversas autoridades de procuración y administración de justicia estatales, les exigieron que para que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan bajo un enfoque diferencial y especializado, con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos respectivos, entre ellos, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, a efecto de evitar la impunidad, y se sancione en su oportunidad a los responsables de los delitos cometidos”.
