El fenómeno del fraude inmobiliario se ha propagado en varios estados de México, afectando gravemente a familias que buscan cumplir el sueño de tener un hogar propio. Constructoras han sido señaladas por no entregar viviendas a las que se comprometieron, o hacerlo con serias fallas estructurales y la falta de servicios básicos.
Un engañoso modus operandi se repite en esta problemática: en muchos casos, se ofrecen atractivos planes para trabajadores que cuentan con créditos de Infonavit. Tras el cumplimiento de los trámites y el pago de anticipos o mensualidades, las empresas desaparecen o justifican retrasos en la entrega de las viviendas debido a múltiples problemas, ya sean técnicos, financieros o burocráticos.
Recientemente, este tipo de fraude ha desatado protestas en Mérida, Yucatán, donde un grupo de 15 personas tomó las instalaciones del Infonavit para exigir la entrega de viviendas que habían pagado desde 2022. Las afectadas, muchas de ellas de localidades como Umán, Hunucmá y Kanasín, denunciaron que las casas fueron pagadas en su totalidad o en parte, pero se entregaron incompletas o jamás se construyeron.
El problema no se limita a Yucatán. En enero de 2025, se interpusieron denuncias penales contra diversas constructoras ante la Fiscalía General de la República (FGR), revelando que el fraude inmobiliario también ha impactado a estados como Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, y la Ciudad de México (CDMX). Las familias han caído en este elaborado esquema en múltiples ocasiones, perdiendo la esperanza de recibir las viviendas que creían haber adquirido.
Una voz destacada entre las víctimas es Rosa María Urbina, quien representa a varios afectados. Urbina mencionó que las viviendas adquiridas con crédito Infonavit en fraccionamientos como Jerusalén, Zoola, Luna Kin y Bosques de Kanasín están lejos de cumplir los estándares prometidos. A pesar de haber realizado los pagos, muchas casas se encuentran incompletas y carecen de agua, electricidad y drenaje. Las familias llevan más de dos años esperando una solución.
Muchas de ellas han señalado a empresas como Sucovisa, Comasa Soluciones y Yavo Capital, junto a funcionarios locales, por su presunta implicación en este fraude. La familia Mañé Uribe ha sido mencionada en este contexto, acusada de ser la responsable de haber afectado a 178 familias que hoy se encuentran en una grave crisis habitacional.
Ante esta situación insostenible, las víctimas exigen acciones concretas: la entrega inmediata de sus viviendas, una auditoría externa del proceso, y la intervención de autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de sus constantes denuncias, consideran que Infonavit ha desviado atención hacia otros proyectos, lo que perpetúa su agonía. La protesta sigue activa frente a la sede de Infonavit en Mérida, donde piden justicia.
Este caso de fraude inmobiliario resalta un patrón organizado que afecta a un gran número de familias trabajadoras en varias regiones. Las autoridades, así como la sociedad, deben prestar atención a estos casos, ya que tras cada historia hay sueños frustrados y familias que, a pesar de haber cumplido con sus obligaciones, se encuentran sin un hogar.
La información aquí presentada corresponde a la fecha de publicación original (2025-07-06). Al cierre de este artículo, no se cuentan con actualizaciones sobre el estado de la situación ni el avance de las denuncias. La necesidad de solución y justicia para quienes han sido víctimas de este engaño sigue presente.
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