Voy a hablarles de la menstruación, ese hecho físico lunar que más de la mitad de la población sufre durante casi 40 años de su vida y que tanto repugna a la otra mitad. Tranquilos, no voy a entrar en el debate sobre las bajas dolorosas por este concepto, bastante tengo con los charcos que ya piso.
Reformulo. Voy a hablar de por qué sangrar cada 28 días, más o menos, tiene relación con la tecnología, el control de movimientos y el establecimiento de sistemas de sanción penal. En definitiva, les voy a hablar de cómo todos tenemos algo que ocultar y que ese derecho a ocultarnos lícitamente de la mirada de otros, lo que llamamos intimidad o privacidad, tienen todo el sentido porque nunca sabemos si acabaremos viviendo, de un día para otro, en un estado policial. O en el Gilead de El cuento de la criada.
Hace unas semanas, Politico publicaba un bombazo de 98 páginas desde el corazón del Tribunal Supremo estadounidense, una filtración que ha llenado de ira al partido republicano quien es, curiosamente, el principal beneficiario del borrador de sentencia que se espera que se publique antes del verano. El texto detalla, en el lenguaje cáustico y despectivo del juez Samuel Alito, de orientación profundamente conservadora, los planes del Tribunal Supremo para anular la histórica sentencia de 1973, Roe v. Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Sin entrar en sus tripas técnicas, lo que hacía Roe v. Wade era dar rango constitucional al derecho al aborto, y lo que hace la propuesta filtrada es quitarle esa consideración remitiendo a los estados la facultad de regular dentro de su territorio esta cuestión.
Si el Tribunal Supremo anula el caso Roe contra Wade, es probable que más de 20 estados -en los que vive aproximadamente la mitad de la población de EEUU – prohíban el derecho a abortar en casi cualquier circunstancia. Pero no solo. Una ley recientemente aprobada en Oklahoma, que toma como ejemplo la tejana (que prohíbe toda interrupción del embarazo desde la sexta semana -”la ley del latido”-) y que va más allá (prohíbe abortar desde “el momento mismo de la concepción”) prevé castigar a quien ayude a las mujeres de Oklahoma a abortar fuera, en un estado que sí sea legal. La propia Ley de Texas, que parece estaría inspirando a otros estados republicanos en su furor legislativo, facultan a los ciudadanos particulares a denunciar a los infractores.
La Ley estadounidense de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) establece la obligación de guardar secreto profesional sobre las consultas relativas a la práctica de un aborto, obligación que se extienden a los seguros médicos y sus gestores. Pero las apps y los titanes de los datos no tienen la misma obligación. Millones de mujeres utilizan aplicaciones para hacer un seguimiento de sus ciclos menstruales, registrando y almacenando datos íntimos sobre su salud reproductiva. Dado que esos datos pueden revelar cuándo se detiene y comienza la menstruación, la ovulación y el embarazo, podrían convertirse en pruebas en los estados donde el aborto está penalizado.
Un informe de 2021 del Consejo Internacional de Responsabilidad Digital (IDAC) descubrió que los rastreadores de menstruación enviaban información personal sin cifrar o compartían datos con terceros sin revelarlo completamente en sus políticas de privacidad, esas que tampoco nadie se lee. Sería el caso de la app de menstruación Flo, con más de 100 millones de usuarias, quien llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) tras ser investigada por haber prometido mantener los datos de sus usuarios protegidos para luego compartirlos con Facebook y Google. U Ovia, quien compartía los datos agregados sobre la planificación familiar de algunos usuarios con sus empleadores. O Natural Cycles, la primera aplicación autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el control de la natalidad, que recopila “información sensible” vinculada a la identidad del usuario.
Otro ejemplo: el blog Motherboard de Vice, por la risible cantidad de 160 dolares compró a SafeGraph, datos que permitían identificar la procedencia de las personas que visitaron, durante una semana, más de 600 clínicas de Planned Parenthood (clínicas donde se practica el aborto) y a dónde fueron después. La empresa SafeGraph ha anunciado que no permitirá a sus clientes buscar datos de localización relacionados con los centros de planificación familiar, pero nada impide que se vean obligados a facilitarlos si se los solicita la fiscalía o un juez.
De pronto, los legisladores estadounidenses se han percatado de que la economía del dato se basa, precisamente, en comerciar con los datos de los individuos vendiéndoselos al mejor postor, que bien puede ser la fiscalía tejana o un grupo de la derecha radical. Y que tan pronto un dato se recaba, la tentación de solicitarlo aparece. Y la obligación de entregarlo, también. Cuanto mejor sería que ese dato nunca hubiera existido más que en la mente de cada mujer que echa cuentas para saber cuándo le toca ponerse mala.
La congresista demócrata por California Sara Jacobs está tratando de evitar que esto ocurra y ha presentado el proyecto de ley Mi cuerpo, mis datos que exigiría a las empresas que solo recojan y conserven la información sobre salud reproductiva que sea “estrictamente necesaria” para prestar sus servicios, a menos que obtengan el consentimiento explícito de un usuario, dando a los usuarios el derecho a exigir que se elimine su información o que las empresas revelen cómo están utilizando los datos. Por otro lado, un grupo de cinco senadores demócratas encabezados por el senador de Massachusetts Ed Markey ha instado a Apple y Google a que garanticen que los servicios de terceros en sus tiendas de aplicaciones “no emplean prácticas de datos que amenacen el bienestar de quien busque servicios de aborto”. Por su parte, el senador demócrata por Oregón, Ron Wyden, junto con 40 congresistas demócratas ha remitido una carta en la que piden a Google que “deje de recopilar y retener innecesariamente los datos de localización de los clientes” y evite que se utilicen para identificar a las personas que han abortado, con el riesgo de que los fiscales de los estados más restrictivos obtengan órdenes para perseguir, procesar y encarcelar a las mujeres que hayan abortado dentro o fuera de su estado. Buena suerte con eso, Ron.
Y así, de pronto, un cambio legislativo hace que saber si una mujer ha dejado de menstruar, ha salido de su estado, y ha vuelto a menstruar al cabo de unas semanas puede suponer la evidencia de la comisión de un ilícito penal. Vivimos inmersos en un adanismo galvanizado. Damos por sentado que el estado de bienestar, las vacaciones pagadas, los derechos fundamentales, el estado de derecho están ahí desde siempre y que, hagamos lo que hagamos, son indestructibles. Que nos los merecemos por nuestra cara bonita, porque nosotros lo valemos, porque es lo mínimo que la humanidad nos debe. Los derechos están hechos de titanio y podemos sobarlos tanto como queramos. No queremos saber o no sabemos, porque nada que nos haya precedido existe o tiene importancia, que son un compactado de fina arena producto del trabajo constante y la lucha cruenta de las generaciones que nos precedieron. Tan débiles son que un par de manotazos asestados con habilidad los disuelve y sus microscópicos pedazos se pierden en el viento como las lágrimas de un replicante.
A veces mantener estos derechos merece que volvamos a la cuenta de la vieja.
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