La historia democrática de México, que comenzó a fines de la década de 1990, ha tomado un rumbo preocupante hacia la autocratización. Aunque ese periodo se inició con una serie de avances notables, que incluyeron el establecimiento de un sistema electoral autónomo y la creación de organismos reguladores, el país enfrenta hoy un retroceso significativo en estas conquistas.
La transición política permitió la formación de instituciones que, por primera vez, separaron el poder del gobierno de las elecciones y promovieron el pluralismo. Sin embargo, la llegada al poder en 2018 de un partido que descalifica estas instituciones como parte de un plan “neoliberal” ha desestabilizado este progreso. Este gobierno ha utilizado la retórica populista para justificar ataques a la autonomía institucional y ha implantado un control central con repercusiones alarmantes.
La débil reforma del ejercicio del poder, que no logró limitar la influencia presidencial ni fortalecer los poderes Legislativo y Judicial, ha facilitado la consolidación de un régimen autoritario. Esta situación fue en parte alimentada por la falta de acción de los gobiernos pasados para promover una ciudadanía robusta que supere la cultura del clientelismo. Aunque la llegada de nuevos actores políticos podría haber sido un signo de cambio, en muchos casos, la corrupción y la impunidad han persistido en su modus operandi.
El descontento general hacia la corrupción, sumado a una serie de malas gestiones, generó un ambiente en el que las promesas de un líder populista resonaron con fuerza. La victoria de Andrés Manuel López Obrador reflejó la voluntad popular de castigar a un gobierno que fue percibido como débil y corrupto. Sin embargo, las estructuras que fueron establecidas para garantizar la rendición de cuentas han demostrado ser insuficientes para frenar este deslizamiento hacia la autocracia.
Irónicamente, a lo largo de 25 años, las reformas políticas se han centrado en el entorno sin abordar el núcleo del poder. Esto permitió que el viejo patrimonialismo continuara prevaleciendo, sin que las nuevas administraciones se comprometieran a transformar realmente la forma en que se ejerce el poder. López Obrador, mientras tanto, ha cuestionado la propia legalidad del sistema que lo llevó al poder, legitimando sus acciones bajo el argumento de una supuesta moralidad.
La indiferencia de la clase política hacia una reforma profunda del Estado y del ejercicio del poder ha dejado un vacío que ha sido aprovechado por fuerzas que amenazan el futuro democrático del país. La continua prevalencia de un estado de pobreza y desigualdad impide que la democracia se asiente de manera sostenible, a medida que una gran parte de la población busca alternativas en ideologías que ofrecen soluciones, aunque sean ilusorias.
Para que México avance hacia una democracia sólida y auténtica, es imperativo fomentar un cambio que no solo regenere las instituciones, sino que también empodere a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones públicas. Sin un compromiso real hacia la inclusión y la representación equitativa, el futuro del país podría seguir gravitando hacia una regresión democrática. La lección es clara: el camino hacia una verdadera democracia requiere reformas estructurales que vayan más allá de los cambios superficiales del acceso al poder, sino que toquen la esencia misma de cómo se ejerce en la vida pública.
Esta situación crítica en el panorama político actual refleja la necesidad de reflexionar sobre la urgencia de un pacto social que revitalice la conexión entre el Estado y la ciudadanía, restableciendo así la confianza en un sistema que, aunque incipiente, tiene el potencial de garantizar un futuro mejor para todos.
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