Latinoamérica alberga el 30% del agua del planeta y, sin embargo, uno de cada tres ciudadanos sufre estrés hídrico, es decir, necesita más de la que dispone. Y los augurios del Banco Mundial no son muy alentadores. Mil millones de personas no tendrán acceso a este recurso en 2050; una octava parte de la población que se estima para entonces. La falta de infraestructuras e inversión y el cambio climático son las principales piedras en el camino. Es por ello que la economía circular se ha convertido en una de las soluciones por la que apuestan los expertos.
El paradigma de la economía lineal —extraer, producir, consumir y desechar— ya no sirve. Este modelo tradicional somete a los recursos naturales a situaciones de mucha presión y frecuentemente también a la sobreexplotación. Cambiar la perspectiva y entender este proceso como un ciclo de transformación en el que se maximice el uso de activos y se disminuya la cantidad de residuos generados favorece la preservación. Y el calentamiento global no está dejando más opción que la de salvaguardar.
“Existe una obligación moral en cuidar lo que aún tenemos”, explica el vicepresidente corporativo de la programación estratégica de CAF-banco de desarrollo de América Latina, Christian Asinelli a América Futura. “La cobertura es tan desigual que hay que encontrar la forma de que llegue más y que la que ya exista se aproveche en todas las fases”. Y ese aprovechamiento pasa por prestarle atención también a las aguas residuales. En la región solo el 40% de estas son tratadas. El 60% son vertidas directamente, lo que supone efectos directos para la salud pública y la calidad del agua, además de los altos costos. Pensar en el saneamiento es también exprimir el potencial de los subproductos resultantes del ciclo y la mejora de la eficiencia energética y su contribución a la agricultura.
Es por ello que CAF organizó en octubre la VIII edición de Diálogos del Agua América Latina-España, un espacio que juntó autoridades gubernamentales y organismos especializados en el sector para debatir sobre las mil y una vidas que puede tener este líquido y los retos en el continente. De los 490 millones de personas que aún no tienen acceso a saneamiento seguro en la región, 19 millones defecan diariamente al aire libre, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“La región está llena de oportunidades y de ejemplos de buenas praxis que se pueden replicar en otros países. No podemos hipotecar a las generaciones venideras”, afirma Ángel Cárdenas, gerente de desarrollo urbano, agua y economías creativas de CAF. “Evidentemente, se tienen que adaptar a cada territorio pero hay casos de éxito que se podían implementar y que ayudarían a reducir estas cifras”.
Una muestra de ello es el Programa Más Inversión para el Agua (Miagua) de Bolivia. El reto era mayúsculo: reducir las tasas de desnutrición infantil del país, que rondaban el 24% en zonas rurales hace una década. Para ello, en 2011 se puso en marcha un plan para llevar agua potable al municipio de Tiraque, ubicado en el Valle Alto del departamento de Cochabamba, en el centro del país. Once años después, se han visto beneficiadas directa o indirectamente 2,25 millones de personas, se abrieron 130.000 nuevas conexiones de agua y se rehabilitaron otras 110.000.
En ese país latinoamericano, solo el 51,8% de la población rural contaba con agua potable antes del proyecto. Se estima que la cobertura ha aumentado más de un 25%. Esta población, además, subsiste gracias a la agricultura de autoconsumo y tanto sus cultivos como sus ganados dependen del acceso al agua.
Para Asinelli, el secreto del éxito de este proyecto ha sido la implicación de las comunidades. “Si hay algo que hemos sacado en claro es que no hay proyecto que sea sustentable sin que los vecinos formen parte de él”, dijo. Parte de la iniciativa fue crear la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) para garantizar su permanencia en el tiempo.
Desde la entidad insisten en que la promoción de la economía circular tiene que ser una prioridad para todos los actores implicados. Requiere contar con políticas públicas que establezcan incentivos para la reutilización, en especial en zonas áridas, con escasez o sometidas a alto estrés hídrico, así como de arreglos institucionales para la debida coordinación y cooperación entre las instancias asociadas a la gestión del agua, la agricultura, la energía y el medio ambiente. “Tener agua es el primer escalón”, añade Asinelli. “Sobre ese, vienen todos los esfuerzos por lograr la igualdad y cerrar el círculo de pobreza”.
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