La reciente propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit, ha generado un amplio debate respecto a la legalidad y viabilidad de regularizar la situación de personas que residen en viviendas abandonadas sin ser propietarios. Este enfoque, si no se implementa adecuadamente, podría cruzar la línea entre lo legal y lo ilegal.
Gene Towle, socio director de la consultora Softec, señala que la creciente morosidad en el Infonavit, que alcanzó un 17.78% en marzo de 2025, ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar un mecanismo para la venta de viviendas que han caído en impago. Sin embargo, resalta la importancia de que este proceso se lleve a cabo de acuerdo con la legislación vigente para evitar afectar la propiedad privada.
En el primer censo realizado, se evaluarán 843,000 hogares para determinar si están abandonados o si son ocupados ilegalmente. Hasta el momento, se han censado 168,000 viviendas, de las cuales 145,000 están habitadas y 23,000 están deshabitadas o vandalizadas. Este diagnóstico es fundamental para identificar la situación real de cada propiedad.
Towle enfatiza la necesidad de que el Infonavit se atribuya la propiedad de los inmuebles antes de lanzar un programa para regularizar la ocupación. “Si son casas adjudicadas por el Infonavit, el instituto debería de venderlas al mejor precio posible”, indica. Por otro lado, si se trata de propiedades que pertenecen a terceros, la situación se complicaría, planteando potenciales problemas legales.
Frente a esta situación, el Infonavit plantea una solución innovadora: permitir que aquellos que, de manera irregular, han invadido un inmueble puedan adquirirlo a través de un esquema de renta con opción a compra. Octavio Romero, director de Infonavit, asegura que esto se realizará a un precio accesible, valor en libros, para aquellos que no son derechohabientes.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum refuerza que este plan no vulnera la propiedad privada, clarificando que no se pretende despojar a propietarios legítimos de sus viviendas. Además, Towle sugiere que el Infonavit debe adoptar medidas legales robustas para proteger su cartera vencida.
“Este es un espacio donde debemos ser claros: si el Infonavit puede acreditar que las viviendas están siendo ocupadas ilegalmente, debe utilizar todos los instrumentos disponibles para garantizar que se respete su propiedad y se regularice la situación”, concluye Towle.
En resumen, la propuesta del Infonavit, cuya información fue originalmente divulgada el 3 de julio de 2025, plantea un enfoque administrativo complejo que podría tener un impacto significativo en el panorama de la vivienda en México. Se abren posibilidades para crear un equilibrio entre la protección de la propiedad privada y la necesidad de abordar la crisis de viviendas abandonadas, siempre bajo un marco legal adecuado.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
