Cómplices de corrupción tratan de usar a su favor las maniobras de Villarejo

El alcance judicial de las maniobras del comisario José Manuel Villarejo sobrepasa los límites de la propia causa que se instruye contra él en la Audiencia Nacional, donde se le investiga desde 2017 por encabezar una macrotrama de corrupción policial. Sus años de artimañas en las sombras han quedado reflejados en las grabaciones que hizo durante décadas, en las anotaciones que apuntaba en sus agendas, en informes de inteligencia… Toda una ingente cantidad de material donde se mezclan mentiras con verdades e insinuaciones, que el propio Villarejo se esfuerza en alimentar para enmarañar más las pesquisas. Pero no es el único. Hasta una decena de señalados por corrupción intentan usar a su favor los tejemanejes del comisario para desinflar o anular los casos abiertos contra ellos en los tribunales.

Este listado lo engordan nombres otrora insignes, pero que han protagonizado algunos de los principales escándalos del país en los últimos años. El clan familiar del expresidente catalán Jordi Pujol, su homólogo madrileño Ignacio González o el exministro Eduardo Zaplana se encuentran entre los imputados que se presentan como víctimas de Villarejo para tratar de esquivar las instrucciones judiciales que acumulan pruebas contra ellos.

Zaplana

El propio PP se encargó de poner el balón botando a Villarejo para que sembrara dudas sin aportar pruebas sobre el caso Erial, donde Zaplana permanece imputado por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. El diputado valenciano Luis Santamaría lanzó la siguiente pregunta al comisario el pasado 20 de octubre, durante la comisión abierta en el Congreso para investigar Kitchen, la operación de espionaje sin control judicial urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas para arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos de la formación.

El clan Pujol

Aún no hay una fecha fijada para el juicio contra el expresident y sus siete hijos (Jordi Jr., Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer), pero ellos ya han empezado a mostrar sus cartas. Según fuentes de su entorno, los integrantes del clan esgrimirán en la vista las maniobras de Villarejo y la policía patriótica, activada en el Ministerio Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), para tratar de anular la causa. Una baza que ya dejaron ver en sus escritos de defensa, donde vincularon el origen del caso Pujol a la Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en Interior para, mediante presuntos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán. “En ella destaca la intervención del comisario Villarejo Pérez”, destacaba la familia.

Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid, epicentro de la trama de corrupción bautizada como caso Lezo, lleva años interesado en el caso Villarejo. El exdirigente del PP ya pidió en 2019 personarse como perjudicado en la instrucción que cerca al comisario al considerarse víctima de la “red de grabaciones y manipulaciones” del antiguo policía, ya que este lo grabó en 2011 y después filtró la conversación donde hablan sobre su ático de Estepona. Un inmueble que investigó la justicia ante las sospechas de que pudo llegar a manos de González como pago de una comisión a cambio de una adjudicación, pero que acabó archivado en 2020 por falta de pruebas.

Francisco Martínez

El que fuera secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Rajoy, procesado por el juez como “coordinador” de Kitchen, intenta también anular los audios de Villarejo sobre sus conversaciones con el chófer de Bárcenas, que constituyen una de las principales pruebas en la instrucción sobre el espionaje al extesorero del PP. Martínez, antigua mano derecha de Fernández Díaz, ha recurrido la propuesta del magistrado de enviarlo al banquillo y ha alegado que estas “pruebas” se obtuvieron “violentando los derechos o libertades fundamentales”. A su petición se ha unido el comisario José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y también procesado por su presunta participación en la trama.

Luis Pineda

La Audiencia Nacional condenó en verano de 2021 a ochos años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda. El tribunal, presidido por la juez Ángela Murillo (la misma magistrada que dirige actualmente el primer gran juicio a Villarejo), consideró probado que extorsionó a empresas y bancos para que le pagasen a cambio de no emprender acciones judiciales o campañas de desprestigio contra ellos. Los magistrados dictaron la sentencia, recurrida al Tribunal Supremo, tras una larga vista oral donde Pineda pidió la nulidad del proceso al definirlo como un complot urdido por el BBVA y Villarejo.