Comunidades del Golfo defienden su territorio ante gasoducto

El golfo de México se tiñe de púrpura mientras el sol se oculta en el horizonte, y en el municipio veracruzano de Los Arrecifes, Mauricio Contreras y su hija Eunices zarpan en su embarcación. Esta escena cotidiana, sin embargo, se ve marcada por una creciente inquietud entre los pescadores locales. La inminente operación de un ducto para importar gas natural desde Estados Unidos ha generado temores sobre el futuro de su principal fuente de ingresos.

Contreras, pescador con más de 40 años de experiencia, recuerda el bullicio de los explosivos utilizados durante la construcción del ducto, conocido como Puerta al Sureste. Este proyecto de 700 kilómetros, desarrollado por TC Energy en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se extiende desde el sur de Texas hasta Tabasco, y tiene como objetivo eventual llevar gas a la Península de Yucatán. A pesar de los beneficios que podría traer a la industria energética, Contreras se preocupa por las fugas que podrían amenazar la pesca: “Es un riesgo constante para toda la industria pesquera”.

La preocupación ha llevado a 15 comunidades costeras, en su mayoría de descendencia indígena nahua y nuntajiiyi’, a levantar una demanda que ha sido desestimada pero que se encuentra en apelación. Estas poblaciones argumentan que la construcción del ducto se inició sin su consulta, en contravención de lo estipulado por la Constitución mexicana. Maribel Cervantes, docente y defensora de los derechos territoriales, manifiesta su descontento: “No estamos de acuerdo con este megaproyecto. Nunca fuimos informados y desconocemos sus consecuencias”.

Los ambientalistas también han alzado la voz, advirtiendo que el dragado necesario para enterrar el ducto y las hipotéticas fugas de metano podrían comprometer los ecosistemas mesofóticos del Golfo de México, ricos en biodiversidad y actualmente sin protección oficial. Este riesgo se suma a la dependencia de México del gas estadounidense, que representa más del 60% de su electricidad, factor que complica los compromisos climáticos del país.

La administración de Claudia Sheinbaum se enfrenta a un dilema: evaluar alternativas para aumentar la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras impulsa proyectos como el Puerta al Sureste, con el fin de reconfigurar el sureste mexicano a través de un modelo de industrialización y expansión turística que, según los pobladores, pone en peligro su autodeterminación.

“Como pueblos indígenas, exigimos que se respete nuestro derecho a la autonomía. No queremos que nos impongan sus megaproyectos”, concluye Cervantes desde su hogar en San Juan Volador, reclamando un futuro en el que la voz de las comunidades sea escuchada y considerada en decisiones que impactan su vida y entorno.

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