Debajo de sus tierras yacen más de 220 mil kilómetros cuadrados de una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, el Acuífero Guaraní.
Aunque rica en agua, Argentina aún necesita mejoras en su infraestructura, y acceso de agua y saneamiento para alcanzar su seguridad hídrica: es decir, contar con suficiente “oro azul” en calidad y cantidad para todos los usos (medios de vida, productivos y ambientales) de forma accesible y sostenible.
De acuerdo con el informe el Banco Mundial Valorando el agua, las inversiones requeridas en seguridad hídrica podrían aumentar hasta en un 2,7% el PIB del país para el 2030.
En la actualidad, el agua en Argentina es un actor importante en la economía. Es fundamental para la agricultura, que es la fuente principal de ingreso de divisas; el 26% de la energía se genera de fuentes hidroeléctricas; más del 50% de la demanda industrial proviene de sectores con alta dependencia al agua (alimentos, bebidas, productos químicos), y el 84% de las exportaciones salen por agua, es decir, por la hidrovía Paraná-Paraguay.
Sin embargo, ya sea por abundancia o por falta, el agua es también protagonista de los eventos climáticos más dañinos en el país: las inundaciones (que representan el 54% de los desastres ocasionados por amenazas naturales desde 1970) y las sequías, una de las amenazas más grandes para el sector agropecuario con impactos anuales medios de hasta 3.000 millones de dólares.
Es también un importante actor que perpetúa condiciones de vulnerabilidad y pobreza para el 17% de la población que carece de servicios de agua, quienes muchas veces tienen que pagar hasta un 460% más por el producto embotellado de lo que pagarían si estuviesen conectados a la red, según el informe.
La contaminación, la falta de cobertura y suministro, y la variabilidad climática (con inundaciones y sequías graves y frecuentes) hacen peligrar la seguridad hídrica. Estimaciones presentadas en el estudio muestran que una mayor seguridad hídrica puede reducir el costo económico de estas falencias en alrededor de 11.800 millones de dólares. Más de la mitad de este monto total anual refleja las pérdidas en la calidad de vida, incluidos los efectos en la salud y la educación, de las personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento.
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