En un movimiento significativo, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a 314 presidentes municipales y alcaldes afiliados al Partido Acción Nacional (PAN), ha presentado formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional. La disputa se centra en la polémica Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue promulgada el 20 de marzo de 2025.
Mauricio Tabe, actual presidente de la ANAC y alcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, denuncia que esta nueva legislación atenta contra el municipalismo, otorgando al gobierno central un control excesivo sobre la información pública. Según sus declaraciones, esto produciría un acceso a los datos que estaría condicionado a la voluntad del poder político, lo que comprometería los derechos ciudadanos.
Durante una rueda de prensa, la alcaldesa de Irapuato, Guanajuato, y vicepresidenta de la ANAC, Lorena Alfaro García, enfatizó que la ley en cuestión socava el principio de municipalismo y representa un retroceso inaceptable. En la misma línea, la representación del presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, expuso que las nuevas disposiciones imponen obligaciones y sanciones desmedidas a los municipios.
El gobierno municipal de Chihuahua, a través de un comunicado, subrayó que su petición ante la SCJN busca revisar la constitucionalidad de varios artículos de esta ley y asegurar que las políticas nacionales sobre transparencia se desarrollen con diálogo y respeto entre diferentes órdenes de gobierno. La administración llamó a la Corte a actuar con equilibrio, protegiendo tanto el derecho a la información como las competencias municipales.
Además, se reafirmó el compromiso con la autonomía municipal, como establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunque el gobierno de Chihuahua apoya la meta de garantizar el acceso a la información pública, advierte que la implementación de esta ley no respeta los principios del federalismo cooperativo. Ello se traduce en cargas y procesos que no consideran las limitaciones operativas y financieras de los municipios, especialmente aquellos con recursos más limitados.
Desde esta perspectiva, el gobierno municipal argumenta que, aunque reconoce la importancia de la transparencia como base de la democracia y la rendición de cuentas, es crucial que este derecho se ejerza sin comprometer la autonomía de los gobiernos locales. Se resalta así la necesidad de un enfoque que no imponga un centralismo que ignora las facultades de los municipios, garantizando un equilibrio que respete sus derechos y capacidades.
La información presentada proviene del contexto legal actual hasta el 6 de mayo de 2025.
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