La macrocausa del caso de los ERE que, después de múltiples archivos y prescripciones, engarza 132 piezas separadas, mengua, aunque muy lentamente. Tras la pieza política fallada en noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla ha dictado en la mañana de este viernes la segunda sentencia vinculada a la trama de ayudas fraudulentas. La sección tercera del tribunal ha condenado al exconsejero socialista de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, a siete años de cárcel por las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), al considerarle como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos, por su intervención en la concesión de 2,9 millones de euros a (Acyco).
Inhabilitación absoluta de 17 años
El tribunal ha sancionado también al exconsejero socialista con otra pena de inhabilitación absoluta de 17 años y 15 días. Fernández ya había sido condenado a otros siete años y 11 meses de prisión por malversación y prevaricación continuada en la pieza política de los ERE, en noviembre de 2019. La Audiencia de Sevilla concluyó entonces el macrojuicio con penas de prisión por un total de 68 años y de inhabilitación por 258 años a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a 11 ex altos cargos de Gobiernos socialistas.
El exconsejero de Trabajo de la Junta entre 2004 y 2010
Además, pendientes todavía varias causas abiertas por otras piezas separadas del mismo caso de corrupción. Su defensa recurrió su implicación en el proceso por las ayudas a Acyco alegando que la sección séptima había excluido a los ex altos cargos condenados en la causa política por entender que no podían volver a ser juzgados por los mismos hechos, pero la sala tercera rechazó esa cuestión previa.
Además de Fernández, también ha sido condenado a cuatro años de cárcel y a 10 de inhabilitación absoluta el ex director general de Trabajo, Juan Márquez. Cinco implicados ajenos a la Junta también han sido sancionados con penas de entre dos y cinco años de prisión. Mientras que otros tres antiguos altos cargos de la Administración —el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el ex director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de la agencia IFA-IDEA, Miguel Ángel Serrano—, han quedado absueltos. Salvo Rivera, el resto también fueron condenados en la pieza política juzgada en noviembre de 2019. Los siete condenados por las ayudas a Acyco deberán indemnizar a la Junta con poco tres millones de euros, de manera conjunta y solidaria.
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