Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia que fue el número dos de la presidenta Jeanine Áñez, ha sido sentenciado este miércoles por un tribunal estadounidense a 70 meses de prisión por conspiración para blanquear sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el Gobierno boliviano, según ha informado el Departamento de Justicia.
Arturo Murillo Prijic, de 58 años, fue detenido en Miami (Florida) en mayo de 2021 junto con su exasistente Sergio Méndez Mendizábal y tres empresarios estadounidenses. Todos estaban acusados de montar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizada por Bolivia cuando Murillo desempeñaba su cargo. Finalmente, el exministro se declaró culpable el 20 de octubre de 2022 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La pena máxima a la que se exponía era de 10 años de prisión.
Según la documentación del proceso, Murillo recibió al menos 532.000 dólares en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida a cambio de ayudar a esa empresa a obtener un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares en 2019 para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia. Murillo y sus cómplices blanquearon las ganancias a través del sistema financiero de Estados Unidos, incluidas cuentas bancarias en Miami. Murillo recibió aproximadamente 130.000 dólares en pagos de sobornos en efectivo en la casa de un familiar en Miami.
Cómplices
Los cómplices de Murillo (Sergio Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld) se declararon culpables previamente por su papel en el mismo esquema y fueron sentenciados en junio de 2022. Los empresarios estadounidenses eran los propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor.
Murillo llegó a ser el principal ministro de Jeanine Áñez por su amistad con la expresidenta. Ambos eran senadores del ala más dura de la oposición cuando se produjo el derrocamiento de Evo Morales y la caída del MAS. Junto a Fernando López, ministro de Defensa, que firmó el contrato de compra de los gases, eran los hombres fuertes del Gobierno interino que se hizo cargo del país con Áñez al frente entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Ambos dirigieron la represión de las protestas que explotaron contra la llegada de la mandataria al poder, que se saldó con más de 30 muertos. Murillo fue el principal responsable de la persecución judicial y policial contra los jerarcas del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales.
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En junio pasado, un tribunal condenó a Áñez a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la política de 55 años, que se encuentra en prisión desde 2021. La acusación consideró un “golpe de Estado” la actuación de Áñez tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y su posterior proclamación como presidenta.
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